Ampliar el subsidio a mayores de 52 años costará 1.340 millones en 4 años

De acuerdo con la memoria económica del decreto ley en el que se incluye esta medida, el gasto imputable a 2019 será de 388 millones de euros, tal y como anunció la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, el pasado 29 de enero, cuando explicó en el Congreso los presupuestos de su departamento.

Según la memoria, los nuevos 114.000 beneficiarios de la ampliación del subsidio tardarán cuatro años en incorporarse al sistema y la mayoría lo hará en 2020.

El Gobierno calcula un coste de 465 millones para 2019 (si bien luego lo reduce a 388 millones porque la medida ha entrado en vigor en marzo), de 605 millones para 2020, de 203 millones para 2021 y de 67 millones en 2022.

De los 1.340 millones que cuesta la incorporación de los nuevos beneficiarios, 1.010 millones se corresponden con el abono del subsidio y 330 millones con su cotización a la Seguridad Social.

El decreto ley con medidas urgentes en materia de protección social, aprobado el pasado 8 de marzo y pendiente de convalidación en el Congreso, incluye otras medidas que -junto con la ampliación del subsidio- tendrán un impacto presupuestario adicional en 2019 de 651,5 millones.

El incremento de la asignación económica por hijo a cargo que pasa a 341 euros anuales, con carácter general, y a 588 en el caso de personas con menores ingresos, tendrá un sobrecoste respecto a los presupuestos de 2018 prorrogados de 157,56 millones.

El aumento del mínimo de la prestación de incapacidad permanente total por enfermedad común para menores de 60 años en 6.930 euros anuales (6.991,60 euros con cónyuge a cargo o como unidad económica unipersonal) costará 25,27 millones.

La reducción de un 14,6 % de la cuota de los trabajadores agrarios por cuenta ajena durante los períodos de inactividad con efecto retroactivo del 1 de enero tiene un coste anual de 42,21 millones.

La bonificación de la cuota empresarial a la conversión de los contratos eventuales de trabajadores agrarios en contratos indefinidos o fijos discontinuos tiene un coste imputable a 2019 de 12,78 millones.

La bonificación para empresas que contraten a desempleados de larga duración costará este año 25,68 millones, en tanto que la vinculada a la actividad turística para las empresas que mantengan la actividad de trabajadores fijos discontinuos se prevé cubrirla con la partida del presupuesto de 2018 que está prorrogado.