La AIReF insta a Sánchez a presentar ya una alternativa para las pensiones tras cargarse el sistema de Rajoy

Según un informe sobre el sistema de pensiones español de este organismo, derogar el sistema de Rajoy, que limitaba al 0,25% la revalorización de las pensiones, ha sido positivo porque a largo plazo ese sistema «no garantizaba la suficiencia del sistema a largo plazo, no era sostenible».

Entiende la AIRef la «suficiencia del sistema» en lo que se refiere a la tasa de cobertura, es decir, la relación entre el salario mínimo y la pensión mínima. Sin embargo, la vuelta al sistema de revalorización con el IPC que ha aprobado el nuevo Gobierno socialista tampoco sirve para acabar con el déficit estructural del sistema, en su opinión, porque elevaría el gasto en pensiones hasta más del 20% del PIB en 2050.

Por lo tanto, para Escrivá «es el momento de abordar cómo se van a solucionar los problemas del sistema, dentro del Pacto de Toledo». Porque de no hacer nada, el sistema será insostenible por el envejecimiento de la población -la esperanza de vida alcanzará los 87 años en 2050- y porque el número de personas en edad de trabajar quedará en 30 millones.

Jubilarse más tarde

Entre las medidas que propone la AIReF para limitar el impacto del gasto de las pensiones y hacer sostenible el sistema destaca la elevación de la edad de jubilación por encima de los 67 años -de forma que se elimine la brecha entre la edad de jubilación y la edad real a la que se jubila los trabajadores- y ampliar a 35 años el periodo de cálculo de la pensión.

Además, este organismo propone cambiar el destino de las cotizaciones de los trabajadores. Ahora siete puntos se van al SEPE para pagar el desempleo y el resto a contingencias comunes, es decir, la Seguridad Social. El problema es que el dinero destinado al SEPE se gasta en pagar planes como el PREPARA, que es un política de empleo que debería sufragarse desde el Estado.

«Si pasamos tres puntos y medio de cotizaciones del SEPE a la Seguridad Social, el déficit estructural de ésta desaparece y se traspasa al Estado. La ventaja es que el Estado tiene mecanismos para reducir ese déficit, y la Seguridad Social no», explican en el organismo.

En definitiva, el déficit estructural del conjunto de las administraciones públicas seguiría en el actual, el 2%, pero la diferencia sería que desde el Estado se pueden aplicar soluciones para bajarlo, algo que no puede hacer la Seguridad Social. Tampoco habría variación en lo que pagan los empresarios y los trabajadores con el cambio propuesto en las cotizaciones.

También sugiere la asunción por parte del Estado de determinados gastos que ahora soportan las cotizaciones, como son, entre otros, los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social (4.000 millones), de medidas de fomento del empleo consistentes en la reducción de cotizaciones (2.000 millones), de las prestaciones por maternidad y paternidad y las subvenciones implícitas a regímenes especiales (1.000 millones).