Raúl Bravo y Aranda tenían amenazado al presidente de Huesca por una deuda de 100.000 euros
Raúl Bravo y Carlos Aranda, conocidos como "los malos" por los miembros de la Operación Oikos, habrían tenido amenazado a Agustín Lasaosa, presidente del Huesca, por una deuda de 100.000 euros.
Nuevo capítulo de la Operación Oikos, con Carlos Aranda y Raúl Bravo como protagonistas. Según desvela el diario El Mundo, ambos ex futbolistas habrían amenazado al presidente del Huesca, Agustín Lasaosa, por una deuda de 100.000 euros de un negocio previo entre tres de los imputados por el caso de presunto amaño de partidos de fútbol de primera y segunda división.
Conocidos dentro de la operación como «los malos», Aranda y Bravo vuelven a posicionarse como los cabecillas de una trama en la que cada capítulo señala más a sus protagonistas. En esta ocasión, la amenaza de los canteranos madridistas a Lasaosa aparece en la documentación que obra en poder del juez instructor, aunque resulta imposible determinar la procedencia de la cantidad de 100.000 euros, que podría derivar de un amaño o una apuesta previa.
El actual jugador del Deportivo de la Coruña e implicado en la trama, Íñigo López, copa un papel importante en la relación entre Aranda y Bravo y la de Lasaosa. El central sería el intermediario entre Raúl Bravo, encargado de captar a jugadores para los amaños, y Agustín Lasaosa. En la documentación de la investigación, desvelada por el medio citado, aparecen las siguientes palabras. «Lasaosa ha tenido, con anterioridad a la jornada 25/05/18, algún negocio con Raúl Bravo y Carlos Aranda, por el que les debería la suma de 100.000 euros, que le están reclamando. Íñigo López, que actúa como intermediario entre ambas partes, se ofrece a hablar con ellos y ayudar a Lasaosa, infiriéndose que habría adelantado dinero para el pago de un posible amaño».
López le habría advertido a Juan Carlos Galindo, jefe de los servicios médicos del Huesca, que «los malos», en referencia a Raúl Bravo y Carlos Aranda, «vuelven a la carga». La información también habla de una reunión de Bravo y otros dos participantes, Galindo –jefe de los servicios médicos del Huesca– y el hermano de Íñigo López, Antonio. En ella se le prohibió a los dos últimos tener ningún dispositivo electrónico que pudiera grabar la conversación, y se les consiguió un teléfono encriptado.