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El Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes Valencianas ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de la ley clave para los presupuestos elaborados por la Generalitat Valenciana que preside el socialista Ximo Puig. En líneas generales, no comparte ni el fondo ni los principios que lo inspiran. Pero muy especialmente, entiende que vulnera los principios de seguridad jurídica y configura a la Oficina de Derechos Lingüísticos «como un organismo encargado de perseguir empresas o establecimientos que no utilicen el valenciano».

La denominada Ley de Medidas Fiscales, Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana, a la que se conoce como ley de acompañamiento, es una herramienta esencial para desarrollar las partidas que reflejan los presupuestos. Y es precisamente esa norma la que Vox ha enmendado a la totalidad, lo que de facto supone exigir su retirada.

Las causas son esencialmente 2, según esta formación, esa ley de acompañamiento vulnera los principios de inseguridad jurídica por cuanto introduce una serie de modificaciones en torno a leyes y disposiciones en varios materias, con lo que se aleja de su espíritu original, que debe ser esencialmente económico.

Pero, además, impulsa de nuevo una oficina de derechos lingüísticos de la que los tribunales rechazaron «la mitad» de los artículos porque vigilaban el uso de esa lengua en la esfera privada. Ese organismo, según ha dicho hoy Ana Vega: «Sirve para perseguir a los ciudadanos que no hablen en valenciano en los comercios u oficinas públicas o privadas, entre otros».

Se da la circunstancia de que en noviembre del pasado año, el Tribunal Supremo (TS) suprimió 12 de los 16 artículos del decreto del Gobierno valenciano que regulaba la citada oficina de derechos lingüísticos. Esa oficina fue una iniciativa de la coalición nacionalista Compromís, que tomó forma en 2017. 

La decisión de Vox ha sido trasladada a la Mesa de las Cortes a través de un escrito en que la formación sostiene que no comparte ni los principios ni el fondo que inspiran el proyecto. Porque además, entiende que no ayuda a reducir la presión fiscal sobre los valencianos, modifica una gran cantidad de leyes y de disposiciones que no guardan relación con la política económica del Gobierno valenciano.

Sobre la presión fiscal, sostiene, además que la citada ley de acompañamiento no ayuda a disminuir la presión sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), no bonifica al 100% el Impuesto de Patrimonio ni se bonifica al 99% el Impuesto de Donaciones y Sucesiones ni acaba tampoco con las subvenciones a partidos y a sindicatos de clase, tal como esta formación reclama.