Sánchez niega ayudas a la DANA con silencio administrativo mientras Mazón las paga sin pedirlas

• Ignacio Martínez
• VALENCIA
• Responsable de OKDIARIO en la Comunidad Valenciana
• • 28/10/2025 10:32
  • Actualizado: 28/10/2025 11:22

Un simple oficio, remitido desde la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, que dirige la socialista Pilar Bernabé, basta al Ejecutivo de Pedro Sánchez para advertir a las víctimas de la DANA de que el silencio administrativo, pasados seis meses desde la solicitud, es suficiente para que el solicitante entienda que le han sido denegadas sus ayudas para paliar los daños en viviendas o enseres a consecuencia de la riada. Así, se desprende de una comunicación de inicio de procedimiento procedente de la citada Delegación de Gobierno a uno de los solicitantes en julio de este 2025, a la que ha tenido acceso OKDIARIO. 

Esta situación contrasta con la del Gobierno de Carlos Mazón. El Consell de Mazón ha pagado ayudas a los afectados por vivienda y primera necesidad, entre otros conceptos, sin que ni siquiera esos afectados hayan tenido que solicitar el dinero. Y ello, porque la Generalitat Valenciana ya tenía los datos de los beneficiarios de las citadas ayudas de otras convocatorias anteriores, relativas, también, a la DANA.

Así, mientras que para recibir las ayudas de la Generalitat Valenciana no hace falta ni siquiera pedirlas, porque el Consell de Mazón las abona directamente en cuenta, las del Gobierno de Sánchez quedan denegadas en caso de seis meses de silencio administrativo.

En el documento antes citado, el Gobierno de Pedro Sánchez hace referencia al artículo 11.1 del Real Decreto 307/2005, para explicar que «el ministro del Interior resolverá las solicitudes de forma motivada en el plazo de seis meses desde la fecha de entrada de la solicitud en la Subdelegación del Gobierno». Y de que transcurrido ese plazo «sin haber dictado ni notificado la resolución, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo, no obstante, la obligación de la Administración de dictar resolución expresa en el procedimiento».

Finalmente, la carta informa a los solicitantes de que el transcurso del plazo máximo legal para resolver y notificar la resolución «podrá suspenderse cuando deba requerirse al interesado para subsanar las deficiencias y aportar documentos por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el interesado, o en su defecto, por el plazo concedido».

Y que, también podrá suspenderse el plazo «cuando deban solicitarse informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, durante un plazo previsto de tres meses, en los términos previstos en el artículo 22.1, letras a) y c) de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP)».

Frente a toda esta farragosa y obsoleta burocracia, que genera impotencia a quienes piden las ayudas y les condena a una espera angustiosa de seis meses para saber si han resultado afortunados con la concesión de la ayudas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, el Ejecutivo de Carlos Mazón ha imprimido une enorme velocidad al pago de las suyas, consciente de la necesidad que tienen de percibirlas aquellas familias víctimas de la DANA.

El Gobierno de Carlos Mazón aprobó en julio de 2024, tres meses antes de la catástrofe, la primera ley de simplificación administrativa, plasmada más tarde en el denominado Plan Simplifica. Ese cambio ha afectado, de facto, a 29 leyes, 37 decretos, ocho órdenes y más de 500 preceptos del articulado legal valenciano. Toda esa transformación ha servido, precisamente, a Mazón, para agilizar los pagos sin burocracia y si tramites frente a la lenta  maquinaria del Gobierno de Sánchez.