El PP lleva a las Cortes la sonrojante deuda de Sánchez por la dependencia y los desplazados: 5.172 millones

El Grupo Popular en las Cortes Valencianas ha incluido entre sus propuestas de resolución tras el debate de política general las que instan al gobierno de España, que preside el socialista Pedro Sánchez, para que «cumpla con sus obligaciones en materia de financiación» de la dependencia y de la atención a los pacientes desplazados de otras comunidades, que alcanzan ya un montante de 5.172 millones de euros. Es decir, el equivalente al 54,71% del presupuesto que la autonomía tiene para sanidad en este 2026.

Las propuestas de resolución de los populares conforman un documento en que el PP reclama «todo lo que Sánchez debe a los valencianos». Las propuestas serán votadas este miércoles en la última jornada del pleno de debate de política general.

Solo en dependencia, los 4.000 millones que el gobierno adeuda a la Comunidad Valenciana equivalen a lo que el gobierno valenciano dedica a esa materia durante dos años y dos trimestres de un tercer ejercicio. Todo ello, tomando como referencia los casi 1.500 millones (1.474) de este 2026.

Se da la circunstancia de que Sánchez anunció el pasado 25 de junio, lo que calificó ese mismo día como «la mayor inversión en dependencia en la democracia». En cifras absolutas, 2.218 millones de euros «extra» para «cuidar más y mejor a quienes más lo necesitan», según la propia página web de Moncloa. Sin embargo, esa cantidad ya generó un enorme enfado en la Comunidad Valenciana, porque el Gobierno del propio Pedro Sánchez adeuda a los valencianos 4.000 millones de euros en materia de dependencia. Casi el doble de lo que él mismo anunció a bombo y platillo como «la mayor inversión en dependencia en la democracia».

Ni antes ni tras ese anuncio de Sánchez el Gobierno de España financia el 50% de la dependencia valenciana. En 2025 solo pagó el equivalente a seis de cada 30 días del gasto valenciano en dependencia. Ahora, solo abonará 10 de cada 30 días. Ni en un caso llega al 50%. Es decir, a 15 días al mes.

En la primera jornada del pleno de política general de la Comunidad Valenciana, Pérez Llorca avanzó medidas como una ayuda de 300 euros para que los jóvenes entre 18 y 24 años puedan optar a examinarse del carnet de conducir, la consideración de familias numerosas a las que tienen dos hijos o una ayuda de 1.000 euros para que los jóvenes hasta 35 años puedan pagar los gastos que supone la formalización de la compraventa de su primera vivienda. Algunas de ellas saldrán adelante ya en el pleno del Gobierno valenciano de esta misma semana.

Pero, además, hay otras iniciativas que se incorporan a las denominadas propuestas de resolución. Es decir, a las que los grupos políticos deben votar este miércoles para su aprobación. Y, entre ellas, se encuentran las referidas a «todo lo que Pedro Sánchez debe a los valencianos».

Estas últimas, según ha trasladado el PP, son iniciativas que plantean una agenda de reivindicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez en materia de financiación autonómica, agua, infraestructuras, vivienda y servicios públicos.

En materia de financiación autonómica, el PP plantea la retirada de la propuesta actual y la apertura de una negociación multilateral con las autonomías en la Conferencia de Presidentes. Y que, mientras la negociación se lleva a cabo, se habilite un fondo transitorio de nivelación que permita equilibrar a las comunidades que más reciben en el modelo actual con las que menos, como es el caso de la Valenciana; un fondo de liquidez autonómico (FLA) extraordinario y que se incorpore el criterio poblacional a las inversiones del Estado.

Según adelantó este lunes, en el transcurso de sus intervenciones en el debate de política general, Juanfran Pérez Llorca, de haberse habilitado el fondo de nivelación en febrero, como reclamaba el Consell, la Comunidad Valenciana habría recibido 900 millones de euros adicionales ya en este septiembre.

Otro bloque de propuestas es el conformado por el agua y la seguridad frente al riesgo de inundaciones, con temas como la revisión de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura para que se adopten en base a criterios técnicos y no políticos o el reclamado Pacto Nacional del Agua. Pero, también, con la exigencia al gobierno de que ejecute todas las acciones que sean necesarias para mejorar la protección frente a fenómenos como la DANA, con limpieza de barrancos, planes de presas y sistemas de alerta temprana.

También se incluye el soterramiento de las vías a su paso por las localidades de Alfafar, Benetúser y Sedaví, el conocido como paso a nivel de la muerte, considerado uno de los más peligrosos de España, donde se acumulan decenas de fallecidos y por donde cruzan cada día unas 5.000 personas.

El PP reclama también la ampliación del aeropuerto de Valencia, la segunda pista para el Miguel Hernández Alicante-Elche y la agilización en la ejecución del plan de Cercanías que debía haberse hecho entre 2017 y 2025 y del que solo hay ejecutado el 50%; así como la defensa del sector cerámico de Castellón y de la continuidad de la Central Nuclear de Cofrentes, entre otras cuestiones.