El otro ‘caso Oltra’: la denuncia de Vox a la ex vicepresidenta pendiente de la Fiscalía de Menores
Vox denuncia a Oltra ante la Fiscalía por su «implicación en un delito de prostitución de menores»
175 menores tutelados por el Gobierno de Puig y Oltra denuncian haber sido víctimas de abusos sexuales
El Síndic acusa a la Conselleria de Oltra de interferir en su investigación de centros de menores
El conocido como ‘caso Oltra’, en el que se investiga si cargos y/o personal de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas que hasta hace poco dirigía Mónica Oltra supuestamente ocultaron las denuncias de la menor abusada por el marido, entonces, de la hoy ex vicepresidenta valenciana, ha dejado en segundo plano otra denuncia: la presentada el pasado enero por la formación política Vox ante la Fiscalía de Menores por los supuestos delitos de abandono de destino, dejación de funciones y omisión del deber de perseguir delito además de por la»implicación en un presunto delito de prostitución de menores», según rezaba la denuncia. Casi 7 meses después de la presentación de esa denuncia ante Fiscalía de Menores desde Vox sostienen que no ha recibido ninguna comunicación de la Justicia acerca de la situación de la misma.
El pasado 25 de enero, los servicios jurídicos de Vox hacían público un comunicado de su vicesecretaría nacional jurídica, que dirige Marta Castro. Informaban de que habían presentado una denuncia ante la Fiscalía de Menores de Valencia. Esa denuncia se apoyaba en un informe del defensor del pueblo valenciano en el que alertaba de los supuestos abusos de 175 menores de edades comprendidas entre los 13 y los 17 años bajo la tutela del Gobierno valenciano.
En base a ello, Vox apuntaba a Oltra, entonces vicepresidenta del Gobierno valenciano y responsable de Igualdad y Políticas Inclusivas en su condición de consejera del Gobierno valenciano, que preside el socialista Ximo Puig, como máxima responsable de esos menores.
En su denuncia a la citada Fiscalía de Menores de Valencia, Vox solicitaba que se llamase a declarar tanto a Mónica Oltra como a la secretaria autonómica Irene Gavidia y que se requiriese a la citada Consejería los informes acerca de las inspecciones y medidas de control de los centros de menores que aparecían en otro informe: el del defensor del pueblo valenciano.
Según fuentes de Vox, la formación, 6 meses después de presentar la denuncia, no ha recibido comunicación respecto de la misma, si bien los plazos de investigación de la Justicia son los que necesita cada instancia para llevar a cabo su investigación, pero tampoco ha recibido comunicación de que estuviera concluida, por lo que se trata de un segundo ‘caso Oltra’, que puede afectar a la ya ex vicepresidenta en un momento especialmente difícil para ella al encontrarse inmersa en el otro procedimiento, el que se sigue en el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia, en calidad de imputada.
Se da la circunstancia, además, de que Vox también se personó en su día como acusación popular en este último caso. De hecho, Marta Castro asistió a varios de los interrogatorios que se llevaron a cabo en la fase de instrucción, antes de que el citado caso se trasladara al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que tras decidir la imputación de Oltra lo devolvió al juzgado de instrucción, una vez la ex vicepresidenta perdió su condición de aforada al presentar también su renuncia al escaño en las Cortes Valencianas.
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