Torra cabrea a los sanitarios y alcaldes por la falta de rastreadores en Cataluña

El enfado que está provocando la gestión de la crisis del coronavirus por parte de Quim Torra no hace sino aumentar entre los responsables afectados. Alcaldes, médicos y expertos han clamado por la escasez de ‘rastreadores’ de contactos de infectados por Covid en Cataluña, donde siguen creciendo los brotes, mientras el president Quim Torra reúne al Govern para aprobar un decreto ley que habilite el confinamiento de Lleida, con el fin de eludir el veto de una juez.

Colau se ha quejado de que en toda Cataluña hay sólo 120 ‘rastreadores’ -encargados de localizar y hacer seguimiento de los contactos estrechos de personas infectadas-, repartidos en tres turnos de 40, de mañana, tarde y fin de semana, cifra que ha considerado como «totalmente insuficiente».

Sólo la ciudad de Barcelona, si hubiera 150 casos nuevos, necesitaría 50 rastreadores y, según algunos expertos, como la epidemióloga del Hospital Vall d’Hebron Magda Campins o el científico Àlex Arenas, Cataluña precisaría unos 2.000 rastreadores para poder hacer la trazabilidad de todos los contagios.

El epidemiólogo Antoni Trilla ha reconocido que «en Lleida ha fallado la estrategia básica» para frenar los contagios y que «hay que mejorar todo: la capacidad de hacer pruebas en la parte técnica y en la humana; mejorar que estos resultados positivos o negativos se transmitan bien y de forma rápida y hacer el seguimiento de contactos y mejorar la parte de seguimientos, identificación y aislamientos».

Por su parte, los alcaldes de los ocho municipios del Baix Segre, en los que se han endurecido las medidas de confinamiento, han pedido al Govern información sobre los contagios en cada municipio, poder participar en las decisiones del Procicat, disponer de patrullas de mossos d’esquadra y ayuda económica.

En una rueda de prensa conjunta, los alcaldes de Alcarràs, Torres de Segre, Massalcoreig, Aitona, La Granja d’Escarp, Soses y Seròs, han reprochado al Govern falta de información y han considerado que el confinamiento perimetral fue «repentino y precipitado».

El alcalde de Alcarràs, Manel Ezquerra, ha exigido al Govern: «Que alguien nos diga en qué situación estamos porque hay un lío en la ciudadanía y tenemos que saber qué decir a los bares, restaurantes y los comercios para salir de este limbo legal».

También el alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha asegurado que está «preocupado, irritado y esperando noticias claras», mientras el Govern prepara un nuevo decreto para dar cobertura legal a la decisión de endurecer el confinamiento en los ocho municipios del Baix Segre que una juez ha puesto en cuestión.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, reúne este lunes por la tarde a su Govern para aprobar un decreto ley que habilite el confinamiento de Lleida, con el fin de eludir así el veto de la juez, que había impedido confinar la zona al considerar esta medida «desproporcionada» e «indiscriminada».

«No aceptamos esta decisión judicial», ha advertido esta mañana Torra en una comparecencia junto con el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, en la que ha anunciado la posterior aprobación de un decreto ley para establecer un plan de rebrotes que permita «actuar con toda la contundencia que sea necesaria en cada rincón del país en función de los datos de la evolución epidemiológica».

El president ha criticado la decisión de la juez de no ratificar el endurecimiento del confinamiento en la comarca del Segrià al considerar que la Generalitat pretendía «eludir» de forma ilimitada en el tiempo la aplicación parcial del estado de alarma, que es una competencia estatal para la que debería pedir permiso al Gobierno.

Torra ha dicho que asume «las consecuencias que se deriven» de este decreto ley del Govern, porque por encima de todo no quiere «poner en peligro la salud de las personas».

El nuevo decreto ley sobre el plan de rebrotes estipulará «el régimen de medidas que se aplicará en las poblaciones según los indicadores de contagio» y, por lo tanto, «regulará en qué supuestos concretos el Govern adoptará medidas que impliquen la restricción de derechos y libertades, como la de movimiento», ha precisado Torra.

Por su parte, el Gobierno central descarta decretar el estado de alarma parcial para controlar el brote de coronavirus en Lleida porque sostiene que las comunidades autónomas disponen de las herramientas necesarias para actuar en este tipo de casos.

Fuentes del Ejecutivo han explicado que tras el veto judicial al endurecimiento del confinamiento en el Segrià habrá que valorar las decisiones a tomar, pero en todo caso son las autonomías las que tienen el papel «preponderante» en el control de la transmisión.