El Gobierno no ha contactado con Llarena tras anunciar que asumirá su defensa en Bélgica

Pese a que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha confirmado que ya mantiene conversaciones con el despacho de abogados belga -encargado de articular la defensa del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena,  ante la demanda civil interpuesta contra él por Puigdemont- fuentes próximas a Moncloa aseguran a OKDIARIO que nadie del Gobierno se ha puesto todavía en contacto con el juez para informarle de cómo se abordará el trámite procesal.

Esas mismas fuentes indican a OKDIARIO, sin embargo, que la reunión a tres bandas – bufete, Ministerio de Justicia y el propio Llarena- se producirá en los próximos días ya que la fecha fijada en Bruselas para escuchar a las partes, incluida la representación letrada del magistrado designada por el Estado español, tendrá lugar el próximo 4 de septiembre.

El juez Llarena no está obligado a presentarse ante la justicia belga ya que la vista que se celebrará a principios del próximo mes -y en la que se decidirá si la causa es o no admitida a trámite- al tratarse de una demanda civil sitúa la comparecencia del denunciado como una carga procesal y no como una obligación jurídica.

El Ministerio de Justicia será el encargado de dirigir y tutelar la estrategia jurídica desde España y coordinar con los abogados belgas la línea de defensa del magistrado. Así se ha decidido desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, cartera de la que es titular Josep Borrell, que ha conferido el peso de la misión a la ministra Delgado.

El propio Borrell entiende el cambio de postura del Gobierno en la defensa de Pablo Llarena – a la que inicialmente descartó dedicar fondos públicos- como una «evolución» del planteamiento inicial en el que, sin embargo, no ve ningún giro de 180 grados.

Moncloa insiste que se mantiene firme en la idea de que no corresponde al Gobierno defender al juez por cuestiones judiciales que derivan de sus acciones particulares, pero entienden que han tenido que actuar una vez que se ha puesto en duda la soberanía jurisdiccional española. 

Lo cierto es que las críticas unánimes del mundo de la magistratura y las manifestaciones en contrario de la propia Abogacía del Estado, que recomendaba en sendos informes técnicos la necesidad de que España interviniese en la defensa del magistrado Llarena, han condicionado el cambio de postura del Ejecutivo.

Una demanda perversa

La demanda planteada por Carles Puigdemont -y el resto de ex consejeros catalanes fugados de la justicia española- solicita a la justicia belga que se condene al magistrado por daños morales al entender verbalmente lesivas unas manifestaciones, que realizó en un foro organizado por BMW en Oviedo al que asistió como ponente hace unos meses, y en las que negaba la existencia de presos políticos en España.

Puigdemont, Meritxell Serret, Lluís Puig, Clara Ponsatí y Antoni Comín solicitan que Llarena les indemnice simbólicamente con un euro por ello.

Los expertos entienden que tras esta demanda existe una intencionalidad perversa de recusación al juez Llarena -al que cuestionan su imparcialidad- y un ataque contra la seguridad jurídica del Estado español al que acusan de cometer «vulneraciones sistemáticas de los derechos fundamentales».