La fundación que dependía de Ribera monta una reunión clandestina para desacreditar al delator de ilegalidades

La Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), que dependía de la vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera (PSOE) cuando se produjeron los hechos investigados, ha convocado un encuentro informativo clandestino para desacreditar al denunciante de presuntas ilegalidades en contratos por 2,6 millones de euros. OKDIARIO fue el primer medio en informar sobre este escándalo de contratación pública el pasado 28 de enero.

La maniobra se ha producido un día antes de que el Tribunal Superior de Justicia votara sobre el despido del informante, en una actuación que vulnera gravemente la Ley 2/2023 de Protección del Informante.

En un encuentro que las propias ponentes calificaron como «briefing informativo off-the-record», tres representantes de Ciuden han solicitado reiteradamente a los periodistas que no publicaran sus nombres personales. Sin embargo, han revelado la identidad del denunciante y han vertido acusaciones contra él, violando la normativa de protección de informantes.

El nerviosismo de las intervinientes ha resultado evidente. «Una de ellas llegó a confesarlo públicamente al comienzo, tras pedir a los periodistas varias veces que no se publicara el nombre de las intervinientes», según recogen medios locales que asistieron al encuentro.

Como adelantó OKDIARIO, el Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada mantiene abiertas diligencias por un presunto delito de prevaricación. La investigación afecta a contratos por valor de 2,6 millones de euros adjudicados mediante métodos presuntamente irregulares.

La denuncia original se presentó en julio de 2024. El Ministerio Fiscal ha impulsado el procedimiento tras constatar múltiples irregularidades en la gestión de fondos públicos. Las diligencias se abrieron formalmente en mayo de 2025.

Además, en los últimos días hay un giro relevante. En las recientes notificaciones de comparecencia, han aparecido como denunciantes adicionales la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y, sorprendentemente, el propio Ministerio para la Transición Ecológica.

Nuevos imputados

La directora económica de Ciuden, Sara Fernández, ha sido incorporada como denunciada junto a la propia fundación. Fernández ostenta también el cargo de jefa de Compras y fue en el pasado «la mano derecha» de Vicente Cortés, ex director de Ciuden investigado por presuntas irregularidades en contratos millonarios.

Curiosamente, Sara Fernández es una de las dos personas que, según ha podido saber este periódico, han intervenido en el encuentro clandestino «off the record». La otra es Jara Romero, su subordinada. Ambas figuran en la documentación analizada por el juzgado como responsables de numerosos presuntos fraccionamientos de contratos menores durante 2025.

En la comparecencia, Fernández ha afirmado que se activó el Protocolo de Prevención del Acoso contra el denunciante. Sin embargo, en toda la documentación presentada por Ciuden en el procedimiento laboral no se ha mencionado este extremo ni una sola vez. Tampoco han aportado documento alguno que acredite la notificación del inicio de expediente, el nombramiento de instructor o el pliego de cargos. En lugar de proteger al denunciante, le han puesto en el punto de mira.

Reacciones

Denuncia ante la Autoridad

El informante ha presentado una denuncia ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante contra Ciuden y toda su cúpula. La acusación se centra en la supuesta vulneración sistemática de sus derechos como denunciante protegido.

Una Ley de 2023 establece protecciones específicas para preservar la identidad del informante. La convocatoria de esa reunión con medios por parte de una entidad pública para revelar datos personales del denunciante constituye una práctica que roza lo ilegal en términos de vulneración de derechos fundamentales.

La documentación que analiza el juez recoge 265 contratos menores adjudicados a sólo 10 empresas en el tercer trimestre de 2025, por un importe global de 487.158 euros. El mayor adjudicatario ha recibido 114.950 euros mediante 40 contratos en solo tres meses.

En la anualidad 2023, 24 adjudicatarios han facturado 1.225.311 euros mediante contratos menores. Una cooperativa gallega ha recibido 247.868 euros a través de 129 contratos diferentes.

La normativa establece que los contratos menores deben ser inferiores a 15.000 euros. CIUDEN ha defendido la legalidad de sus actuaciones alegando que cada contrato corresponde a fechas y ubicaciones diferentes.

El subsecretario del Ministerio, Miguel González Suela, ordenó en abril de 2024 abrir una investigación interna. En junio ha comunicado a la directora de CIUDEN que «no cabe considerar que se hayan cometido actuaciones delictivas».

Sin embargo, ha reconocido en un correo electrónico enviado a las 00:49 horas que «se ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar y reforzar algunos procedimientos».

La apertura de diligencias judiciales contradice el archivo administrativo del Ministerio. El caso sitúa a Ciuden en el epicentro de una investigación que podría comprometer la gestión de fondos europeos de transición justa.

El próximo mes de abril, cuando el denunciante comparezca ante el juez, comenzará a despejarse si las irregularidades detectadas constituyen un sistema deliberado de elusión de la normativa o un mero desorden burocrático. Mientras tanto, la fundación que nació para iluminar el futuro energético del Bierzo podría acabar eclipsada por las sombras de una gestión que, lejos de disiparse, se enturbia cada día más con maniobras como la celebración de encuentros clandestinos para linchar públicamente a quien se atrevió a denunciar.