Vox presiona pero el PP precisa que la eliminación del catalán en la función pública no será a corto plazo

Vox presiona al Govern del PP en Baleares pero el portavoz del Ejecutivo balear, Antoni Costa, ha asegurado este viernes que el gobierno autonómico que lidera Marga Prohens no abordará «en el corto plazo» la eliminación del requisito de catalán en el acceso a la función pública.

Todo ello después de que los socios programáticos del PP, hayan registrado una moción en el Parlament en la que instan al Govern a que se lleve a cabo el desarrollo normativo correspondiente para garantizar que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública.

Costa ha señalado, sobre esto, que no teme que el debate de una moción de Vox sobre el catalán en la opinión pública vaya a influir en la tramitación de los Presupuestos autonómicos.

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, Costa ha recordado que la moción de su socio de investidura se ciñe literalmente a uno de los puntos del acuerdo, por lo que no plantea ningún problema para su apoyo por parte del PP.

La moción y el acuerdo recogen que «se hará el desarrollo normativo correspondiente para garantizar que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública».

Sobre esto, el portavoz del Govern ha insistido en que las medidas en esta materia se irán impulsando a lo largo de la legislatura, no en el corto plazo, y ha asegurado que el acuerdo no implica la eliminación total del requisito de catalán en el conjunto de la función pública. «No lo dice en ninguna parte», ha añadido.

Lo que Vox pide al PP

En la propuesta que Vox ha registrado en la Cámara balear, la formación de Santiago Abascal insta al Govern a promover las peculiaridades lingüísticas de las Islas Baleares como parte esencial de la plural riqueza de España.

Junto a ello, exige que los padres puedan elegir libremente la primera lengua de escolarización de los alumnos de Baleares, y extender ese derecho en todas las etapas educativas antes de acabar la legislatura, sin excluir ninguna de las lenguas cooficiales.

Por este motivo reclama al Ejecutivo balear a que modifique las normas con rango reglamentario que supongan una imposición lingüística, asumiendo que en la comunidad existen dos lenguas oficiales, e inicie la tramitación parlamentaria para modificar las normas con rango legal que supongan una imposición lingüística, realizando el desarrollo normativo correspondiente para garantizar que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública.