Vox celebra la derogación el próximo martes de una Ley de Memoria balear «sectaria e injusta»
El PP apoyará la derogación que defenderá Vox, "aunque nunca ha sido una de nuestras prioridades"
Es el penúltimo punto del orden del día del pleno del Parlament balear fijado para el próximo martes. Allí, Vox y el Partido Popular consumarán una de las grandes exigencias del partido de Santiago Abascal. El PP apoya la derogación de la Ley de Memoria balear «sin haber sido nunca una prioridad», se asegura desde el partido de Marga Prohens.
La votación y derogación de la Ley de Memoria Democrática de Baleares tendrá lugar el próximo martes en la cámara autonómica, fruto del acuerdo de investidura firmado por Vox y PP en el verano de 2023 y que permitió a Prohens ser investida como presidenta de Baleares. Formaba parte de los 110 puntos del acuerdo.
La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha celebrado este miércoles la llegada del momento de la derogación de la Ley de Memoria balear. «En el próximo pleno, Vox cumplirá uno de sus compromisos: traemos la derogación definitiva de la sectaria Ley de Memoria Democrática». Se acabó el tiempo de la revancha y de la dictadura del pensamiento único», ha dicho Cañadas.
La portavoz, conocedora del apoyo del Partido Popular, ha concretado que «esta ley no buscaba justicia. Buscaba venganza y borrar a media España de los libros de historia con dinero público».
El martes se alcanzará el fin de un tortuoso camino. Un final que Vox lleva esperando casi tres años y que estuvo a punto de descarrilar cuando hace un año el PP tuvo que votar con la izquierda en contra de la misma derogación que apoyará dentro de 5 días. En aquella ocasión, un error en una votación previa puso al PP en manos de la izquierda.
El pasado 21 de octubre, el Parlament, con los votos a favor del PP y Vox, ya tomó en consideración la proposición de ley para derogar la ley de memoria y reconocimiento democráticos de Baleares. La cámara autonómica debatió en el pleno de ese día la iniciativa impulsada por los de Santiago Abascal, a la que se opusieron todos los grupos de la izquierda y el diputado de Sa Unió de Formentera Llorenç Córdoba.
El texto contempla la disolución de las comisiones, organismos e instituciones creadas en virtud de la ley y la caída de todos los procedimientos iniciados y no concluidos, a excepción de los procesos de exhumación.
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