El Supremo admite el recurso del Govern balear para que Sánchez convoque la Conferencia de Presidentes
No la ha reunido desde 2022, pese a que está obligado a hacerlo, como mínimo, dos veces al año
Inicia los contactos para hacer reuniones bilaterales con los presidentes autonómicos en La Moncloa
La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha admitido este viernes a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por el Govern balear para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque la Conferencia de Presidentes.
Según ha informado el Ejecutivo de Marga Prohens, se da continuidad al proceso judicial y el Tribunal Supremo da respuesta al recurso presentado por la Abogacía de la Comunidad Autónoma de Baleares después de la autorización del Consell de Govern del pasado 26 de julio.
La Abogacía de la Comunidad Autónoma señala que los argumentos para presentar el recurso son claros, mencionando que el artículo 2 del Reglamento de la Conferencia de Presidentes especifica que el objeto principal de este órgano es debatir sobre las grandes directrices de las políticas públicas sectoriales y territoriales, además de respecto de los asuntos de importancia relevante para el Estado de las Autonomías.
Igualmente, el artículo 4 del Reglamento prevé que este órgano se reunirá como mínimo dos veces al año y que la convocatoria corresponde al presidente del Gobierno estatal, quien lo hará por iniciativa propia o a petición del comité preparatorio, o bien a petición de diez presidentes de comunidades y ciudades con estatuto de autonomía.
Según indican, ese órgano no se ha reunido desde 2022, a pesar de que la convocatoria de la Conferencia de Presidentes ha sido reclamada por 14 presidentes de las comunidades autónomas de Baleares, Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Región de Murcia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
De este modo, la admisión a trámite del recurso del Ejecutivo balear se suma a la admisión de los recursos presentados por Aragón, la Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Castilla y León.
El presidente del Gobierno por su parte ha iniciado este viernes los contactos para reunirse en los próximos días con los presidentes de las comunidades autónomas y lo hará por orden estatutario, según indican desde Moncloa. Es decir, comenzará por Euskadi y Cataluña.
El jefe del Ejecutivo inicia los contactos para celebrar reuniones bilaterales con los presidentes autonómicos, una vez finalizado el ciclo de procesos electorales en España, «con el objetivo de reforzar y fortalecer la colaboración» entre el Estado y los ejecutivos de las CCAA.
El Ejecutivo contactará con los presidentes autonómicos, por orden estatutario, para cerrar los detalles y calendario de encuentros, que se celebrarán en el Palacio de la Moncloa.
Sánchez podría reunirse con el presidente catalán, Salvador Illa, el próximo martes 17 de septiembre, dado que ese mismo día será recibido en el palacio de La Zarzuela por el Rey Felipe VI.
Con estas reuniones el Gobierno quiere «potenciar el diálogo e impulsar el entendimiento institucional entre las distintas administraciones», según indican desde Moncloa. Los encuentros se producirán en medio de las críticas de muchas comunidades (gobernadas tanto por el PP como por el PSOE) por el acuerdo de financiación para Cataluña alcanzado entre el PSOE y ERC.
Según la formación catalana, este acuerdo significa establecer un sistema de concierto y cupo, similar al del País Vasco y Navarra, y supone que Cataluña asuma la recaudación y gestión de todos los impuestos que se pagan en la Comunidad. Sin embargo, el Ejecutivo todavía no ha explicado los detalles del mismo.
Por tanto, es previsible que este asunto sea uno de los principales temas sobre la mesa en las reuniones de Sánchez con los líderes autonómicos, con los que contactará por orden estatutario para cerrar los detalles y calendario de encuentros, que se celebrarán en el Palacio de la Moncloa.
Según indican desde Moncloa, los encuentros se producirán, en la medida de lo posible, por orden de aprobación de los estatutos de autonomía de cada una de las comunidades. Los primeros en entrar en vigor fueron los del País Vasco y Cataluña, seguidos de Galicia, Andalucía y Asturias, mientras que los últimos fueron la Comunidad de Madrid, Castilla y León y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
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