El socio de Cursach Miguel Pascual volverá al banquillo: ahora por arrasar un bosque y matar seis tortugas

El empresario implicado en el caso Cursach Miguel Pascual  volverá a sentarse en el banquillo y en esta ocasión por un delito ecológico. La Fiscalía le pide quince meses de cárcel por destruir una zona forestal protegida de gran valor ecológico en el emblemático espacio natural de la Marina de Llucmajor (Mallorca). Según el escrito de acusación de la Fiscalía, provocó la muerte de seis tortugas, una especie protegida, aparte de arrasar una parcela de gran valor ecológico para plantar un viñedo.

Este miércoles se celebró la vista previa al juicio pero no hubo ningún tipo de acuerdo y el juicio ha quedado fijado para el mes de noviembre.

El empresario explota una finca en la Marina de Llucmajor y en el año 2016 labró dos hectáreas para plantar un viñedo, una actuación que vulneraba la Ley de Montes y varias normativas sobre la protección del medio ambiente al tratarse de un hábitat de especies protegidas como la tortuga mediterránea y diversas aves. En el año 2021 aparecieron seis tortugas muertas debido al paso del tractor.

Aparte de la pena de cárcel, la Fiscalía pide una inhabilitación durante un año y seis meses para explotar el negocio agrícola del acusado aparte de una multa de 7.200 euros. También se solicita una multa de 22.500 euros para la sociedad con la que se explota la antigua zona forestal ahora convertida en terreno agrícola. La acusación pública pide, además, que se obligue a los acusados a adoptar todas las medidas necesarias para restaurar el equilibrio ecológico en la zona.

Pascual tiene otras causas pendientes

El empresario Miguel Pascual tiene otras causas pendientes con la Justicia y pronto se sentará en el banquillo acusado de formar una trama corrupta para beneficiar a los locales de su propiedad en el Arenal a cambio de servicios sexuales y trato preferente en sus establecimientos de ocio nocturno. Pascual fue uno de los principales socios de Cursach.

El Arenal de Palma es la principal zona turística de la ciudad y, especialmente durante el verano, el centro neurálgico del ocio nocturno que en gran medida controlaban, y siguen controlando, Bartolomé Cursach y la familia Pascual.

Junto a Miguel Pascual irán a juicio nueve agentes de la Policía Local de Palma y un funcionario del Ayuntamiento. Esta trama de corrupción relacionada con los sobornos a agentes policiales a cambio de dádivas es similar a la del caso Cursach.

El fiscal Anticorrupción Juan Carrau pide para todos ellos penas de prisión que alcanzan los 50 años por varios delitos de prevaricación administrativa y cohecho. La vista del pasado jueves pretendía explorar la posibilidad de un pacto de conformidad entre fiscal y defensas, un escenario ya totalmente descartado. El juicio se celebrará en abril, como ya estaba previsto.

Se trata de una de las piezas en las que se dividió la investigación sobre la supuesta corrupción en la Policía Local de Palma que derivó en el caso Cursach.

Miguel Pascual era inicialmente uno de los principales competidores de Cursach en el ocio nocturno y ambos empresarios se vieron abocados a llegar a un acuerdo para repartirse el suntuoso negocio de la noche en Mallorca.  Como ya publicó OKDIARIO el 13 de mayo de 2020, Cursach y Pascual se aliaron para repartirse el pastel y centraron sus esfuerzos en impedir que entrara alguien más en el negocio.

En el caso Cursach propiamente dicho el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción sostenía que el capo de Mallorca y Pascual utilizaron para lograr sus objetivos  métodos mafiosos y sobornaron a agentes de la Policía Local de Palma, que se encargaron de realizar inspecciones injustificadas a los negocios de la competencia hasta asfixiarlos a cambio de dádivas.

En la pieza que se juzgará en abril, los hechos tuvieron lugar entre 2007 y 2015. Se investiga si hubo preavisos de inspecciones a locales del Arenal del empresario Miguel Pascual, si existía orden de trato preferente en estos locales por parte del funcionario que tenía competencias en materia de licencias, y si contaban con vigilancia, por parte de algunos agentes, para que locales no tuvieran que contratar seguridad privada.

El escrito de acusación recoge, entre otras cuestiones, momentos en los que el propio empresario acusado recriminaba a agentes de la Patrulla Verde que hicieran inspecciones sin avisar e incluso amonestaciones a agentes por parte de superiores por no obedecer órdenes precisas de trato de favor. Además, constan inspecciones con resultado positivo que no llegan a tramitarse o sancionarse.

Según el relato del fiscal, el empresario obsequiaba con servicios sexuales gratuitos y consumiciones a los otros acusados a cambio de que le avisaran de las inspecciones para, por otra parte, que trabajadores que no estaban en situación regular no estuvieran trabajando en esos momentos.

Además, algunos oficiales daban orden a agentes uniformados y motorizados en su reparto diario de funciones para que se apostaran en alguno de los locales del empresario y evitar así que tuviera que contratar seguridad privada. Esto suponía desprotección para otros locales de la competencia. En relación a este último asunto, varios agentes de la Policía Local de Palma elevaron una queja a sus superiores.

Para el empresario, el fiscal reclama cinco años de prisión por un delito de cohecho activo continuado y multa de 60.000 euros (20 meses con cuota de 100 al día). Por su parte, uno de los subinspectores y jefe de la unidad nocturna y de la Patrulla Verde se enfrenta a 10 años de inhabilitación por prevaricación administrativa continuada y 4 años y 6 meses por cohecho pasivo y multa de 48.000 euros.

Esta no es la única pieza del caso Cursach pendiente de resolución. Uno de los principales damnificados por la trama corrupta orquestada por Miguel Pascual y su hijo, Onofre Pascual, fue el empresario Bruno da Silva. Este empresario presentó una querella contra Onofre Pascual y su hijo. Les denunció por delitos de extorsión y organización criminal. Posteriormente Onofre Pascual presentó  una querella contra Bruno da Silva por denuncia falsa. Esta pieza está pendiente de resolución.