Prohens permitirá edificios más altos y reconvertir locales comerciales y hoteles obsoletos en viviendas

Con el precio de la vivienda desbocado en Baleares tras ocho años de gobierno socialista con Francina Armengol al frente del Ejecutivo de las Islas, la presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP) ha anunciado este martes la aprobación «en las próximas semanas» de un decreto de emergencia habitacional que supondrá «un coste cero para la Administración y cero consumo de territorio», y que permitirá edificios más altos y reconvertir locales comerciales y hoteles obsoletos en viviendas.

Así lo ha explicado la nueva líder del Ejecutivo autonómico del PP tras la reunión mantenida en el Consolat de Mar con representantes del sector de la vivienda de las Islas en la que también ha participado la consellera de  Territorio y Movilidad, Marta Vidal.

«Hemos visto como el precio de la vivienda ha aumentado en un 80%  y el del alquiler un 90% en los últimos años en Baleares», ha lamentado Prohens, advirtiendo de que el acceso a la vivienda «es un problema social», tras dos legislaturas de inacción y pasividad total por parte del anterior Govern.

En esta línea, Prohens ha incidido en este cambio de política en «colaboración clara y sincera con todos los sectores», porque son unas medidas «que no se quieren hacer sólo desde la Administración pública». Por ello, ha insistido en no «criminalizar la iniciativa privada cuando se habla de vivienda» porque «es una responsabilidad compartida».

El decreto, que será llevado este mes a Consell de Govern, incide, según ha detallado la presidenta, sobre viviendas ya construidas y da herramientas a otras administraciones y a la iniciativa privada para adaptar estas viviendas a la emergencia habitacional.

Además, respeta la «autonomía municipal», hablando incluso de «cooperación municipal» porque serán los propios ayuntamientos quienes decidan de qué manera adaptan este decreto.

Por otro lado, la medida permite el crecimiento en altura en tramos urbanos con unas características muy concretas, «respetando la idiosincrasia y las alturas máximas establecidas».

De igual modo, permite la reconversión de locales comerciales en viviendas, la identificación de suelos públicos disponibles para hacer esta cesión a la iniciativa privada para que construyan vivienda a precio limitado o la adaptación de grandes pisos en diferentes propiedades.

También se prevé el aumento de la edificabilidad en altura en edificaciones existentes o parcelas con usos residenciales plurifamiliares permitidos, y el cambio de uso a residencial y de aprovechamiento de terrenos de equipamientos privados y aún sin desarrollar, en ambos casos para crear nuevas viviendas de precio limitado o viviendas protegidas.

Además, se habilitará el cambio de uso a residencial de establecimientos turísticos obsoletos o parcelas de uso turístico incompatibles con este uso, para crear vivienda de precio limitado.

Estas actuaciones permitirán generar hasta un máximo de una vivienda por cada 60 metros cuadrados de superficie edificable residencial de la parcela, en los casos de reconversión de locales y de aumento de las densidades en edificios plurifamiliares, y un máximo de una vivienda por cada 90 metros cuadrados de superficie edificable residencial, en caso de aumento de las densidades en las viviendas unifamiliares entre medianeras de planta baja y dos plantas más, las cuales actualmente no se pueden subdividir.

El crecimiento en altura, bajo unas limitaciones, permitirá hasta una vivienda por cada 60 metros cuadrados de la superficie construida por la actuación, y en los cambios de uso de terrenos de equipamientos privados y establecimientos turísticos, hasta una vivienda por cada 60 metros cuadrados de superficie destinada a uso residencial.

Asimismo, se prevé la cesión de terrenos de titularidad pública a la iniciativa privada para la promoción de viviendas de protección y de alojamientos dotacionales, una posibilidad ya prevista en la normativa autonómica vigente sobre la que, con el nuevo decreto, amplía el plazo máximo de concesión (de 50 a 75 años) del concurso público y se definen las edificabilidades.