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PP y Vox derogarán el martes la Ley de Memoria Democrática de Baleares por crear «rencor y división»

Defienden que la legislación aprobada por Armengol atenta contra" la libertad ideológica y de pensamiento"

Eliminan las subvenciones destinadas a publicitar esta legislación y disuelven los organismos para fomentarla

  • Indalecio Ribelles
  • Redactor OKDIARIO en Baleares, información local de Palma, social y política en general. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

La mayoría parlamentaria de PP y Vox en la Cámara balear derogará el martes la Ley de Memoria Democrática autonómica por crear «rencor y división» entre españoles, según el texto presentado por la formación de Santiago Abascal, que será respaldado por los populares.

La Ley 2/2018, de 13 de abril, de memoria y reconocimiento democráticos de las Islas Baleares aprobada por el Govern de la socialista Francina Armengol y que sólo reconoce como víctimas a las del bando republicano, «no persigue los valores de libertad, respeto y tolerancia que impulsaron la Transición», apunta el texto para su derogación.

Todo ello como consecuencia de la intromisión del Estado en la esfera de la conciencia de los españoles, al moldear su memoria individual, impidiendo la libertad de opinión, limitando la libertad de cátedra y penalizando el trabajo de los historiadores ,»si éste no se ajusta a la interpretación sectaria e interesada de los acontecimientos históricos que hacen ciertos partidos políticos».

El citado marco legal de Baleares, por tanto, vulnera una serie de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución porque atenta contra la igualdad de todos los españoles, ya que vulnera el artículo 14 al «discriminar y apartar a una parte del pueblo español por su opinión, sus circunstancias personales, sociales o históricas».

En segundo lugar, es una clara vulneración del derecho a la libertad ideológica y de pensamiento reconocida en el artículo 16 de la Carta Magna, ya que no permite más que un relato oficial, persiguiendo el derecho a disentir. Como corolario de lo anterior, «se menoscaba el derecho de toda persona al libre desarrollo de su personalidad, que es fundamento del orden político y social».

Y, a su vez, vulnera dos derechos reconocidos en el artículo 20 de la Constitución: el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción y la libertad de cátedra. «Un sistema democrático debe ofrecer las condiciones para expresar y defender distintas y antagónicas líneas de pensamiento».

Las leyes que se hacen para reescribir la historia al gusto de una parte, tal y como incide el texto pactado por PP y Vox para la derogación de esta ley, «nunca han sido un estímulo para la paz, la democracia ni los derechos fundamentales».

«Es por ello que entendemos que se debe dejar a la labor en libertad de historiadores y expertos el análisis de los acontecimientos de nuestro pasado y evitar que los poderes públicos impongan la formación de criterios sobre el significado de la II República, la Guerra Civil, el Franquismo y sus consecuencias, acción que solo contribuye a reabrir emociones cainitas».

Por todo lo expuesto, ambas formaciones consideran «que no deben seguir en vigor normas que provocan rencor y división entre los españoles», y de ahí la procedencia de derogar la Ley 2/2018, de 13 de abril, de memoria y reconocimiento democráticos de las Islas Baleares, con la finalidad de «huir de esas malas prácticas y preservar la reconciliación, eludiendo cualquier bandería por parte de la Administración de la Comunidad».

Además de derogarla, quedarán disueltas cuantas comisiones, organismos e instituciones de carácter público autonómico hubieran sido creadas a consecuencia de la citada ley y las subvenciones destinadas a fomentar esta legislación.

Por último, y según recoge el artículo segundo de esta Proposición de Ley, los poderes públicos reconocerán y protegerán el derecho a expresar y difundir pensamientos, ideas y opiniones de palabra, escrito y cualquier otro medio de reproducción, a la libertad de producción y creación científica y técnica, así como la libertad de cátedra.

De esta forma «los historiadores y todas las personas», podrán «difundir libremente los resultados y conclusiones de sus estudios y la memoria de las vivencias familiares sobre los distintos episodios de la historia de España, evitando toda intromisión de los poderes públicos en la fijación de una determinada versión de los acontecimientos».