El PP denuncia que Podemos está condenando a la desaparición al sector ganadero balear
El Govern de Armengol rechaza activar de forma urgente un plan de choque para salvarlo de la ruina
Los bajos precios y el incremento de los costes de producción abocan al cierre de las explotaciones
La consellera De la Concha elude concretar qué dinero destinará en 2022 a hacer frente a esta situación
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El PP denuncia que el Govern va a hundir la ganadería y la agricultura de Baleares por la escasez de ayudas
El Partido Popular ha reclamado en el pleno del Parlament, medidas “eficaces y concretas” para evitar el cierre de las explotaciones de vacuno de leche de Baleares por el incremento de costes de producción. En este sentido, la diputada popular, Asunción Pons ha preguntado a la consellera de Agricultura, Mae de la Concha (UP), qué cantidad destinará el próximo año al sector agrícola-ganadero. Sin embargo, la consellera ha eludido responder a esta cuestión.
Pons, en la misma línea, ha interpelado a la consellera por las peticiones que, desde el mes de agosto, vienen reclamando las organizaciones profesionales agrarias dado los bajos precios que perciben, y el constante incremento de los costes de producción. Una situación límite que está provocando el cierre de explotaciones y la retirada de cabezas de ganado.
“Los ganaderos de Baleares soportan hoy un sobrecoste de insularidad de 1.367 euros anual por cada vaca lechera que no es compensado y que conduce al sector ganadero de las Islas a su desaparición”, manifestó la parlamentaria autonómica del PP que destacó el hecho de que Coinga y Quesería hayan aumentado las cantidades que pagan a los payeses por el queso y la cuajada.
A este respecto, por ejemplo, recordó que la Asociación Frisona Balear ha denunciado que después de cinco años de sufrir extra costes e infra precios, y ante la última subida de los alimentos del ganado para producir leche, el sector está agotado y descapitalizado.
También la Asociación de Empresarios de Explotaciones Agrarias de Menorca (Agrame), calificaba de “desastrosas” las consecuencias de la desaparición del sector vacuno de leche, con el cierre de más de 100 explotaciones, la pérdida de 450 puestos de trabajo, además de los perjuicios medioambientales, con un impacto muy negativo sobre la Reserva de Biosfera de Menorca.
Y desde la Federación Agrícola Ganadera de Menorca, en términos parecidos, se ha denunciado que el aumento del coste de las materias primas, de entre un 40 y 65 por ciento, va a conducir a la inviabilidad de las explotaciones con unos sobrecostes de insularidad que no son compensados.
Ante este dramático panorama el PP registró el 30 de agosto una proposición no de ley en la que instaba al Govern de la presidenta socialista, Francina Armengol, a redactar con urgencia un plan de choque para la ganadería que compense los sobrecostes de insularidad. Todo ello con el objetivo de que los payeses y ganaderos de Baleares puedan producir y competir en igualdad de derechos y condiciones que los de la península.
Esta iniciativa, apoyada por las entidades agrarias de Baleares, fue rechazada por los partidos de izquierda que apoyan al Govern de Armengol en la Comisión de Economía del Parlament.
Un varapalo para un sector que, tal y como denunció Pons, “ya no puede resistir y no aguantará porque la renta de los payeses de las Islas es inferior en un 46 por ciento a la que obtienen el resto de profesionales del campo de España”.
Los sobrecostes de insularidad para el campo de Baleares ascienden a 38 millones de euros/año, cifra difundida por la Conselleria. “Por tanto, todo lo que consigan que sea menos de este cantidad con el REB y la PAC será un fracaso”, afirmó la parlamentaria del PP, que preguntó a la consellera cómo y cuando compensará estos sobrecostes, pero sin obtener respuesta.
Ante la falta de alternativas de la Conselleria, los payeses se han dirigido a la presidenta del PP-Baleares, Marga Prohens, para pedirle que, desde la oposición, el Partido Popular impulse alternativas, como el Plan Estratégico para la Ganadería, reclamado por el Grupo Parlamentario Popular en noviembre de 2019 y autorizado por el Govern en febrero de 2020, cuya redacción aún no ha terminado el Govern de Armengol.
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