Multa de 207.0000 euros por cambio de uso de un edificio de residencial a turístico en Palma

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 02/07/2024 14:11
  • Actualizado: 02/07/2024 14:11

Multa de 207.0000 euros del departamento de Urbanismo por cambio de uso de un edificio de residencial a turístico en Palma, en la calle Pare Guillem Vives, del barrio de Foners. El Ayuntamiento de la capital balear, aunque no tiene competencias directas en materia de alquiler turístico, ha hecho valer su autoridad en materia de licencias de actividad y uso y ha abierto un expediente sancionador al titular del edificio.

De acuerdo con el artículo 163.4. de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo de las Islas Baleares, el cambio de uso de una construcción, edificación o instalación sin disponer del título urbanístico preceptivo que habilite el cambio de uso y con independencia de que se ejecuten o no obras para lograr este cambio, debe sancionarse.

El inmueble ha sido valorado en 552.855,60 euros y al no apreciarse ninguna de las circunstancias atenuantes o agravantes, detalladas en el artículo 184 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo de Baleares, el Ayuntamiento ha impuesto la sanción en su grado medio por un importe de 207.320,85 euros.

El regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, ha recordado que el Consistorio palmesano no tiene competencias en alquiler turístico, pero que la sanción se impone por disciplina urbanística, en concreto, por un cambio de uso de residencial a turístico.

Cabe recordar que el PSOE de Palma criticó la «inacción» del gobierno municipal en relación a tres edificios que en la capital balear estarían ofreciendo alquiler turístico ilegal y ha rechazado estas acusaciones por «radicalmente infundadas».

Se trata en este caso de un edificio situado en la calle Pare Guillem Vives y sobre el cual podrían llegar a levantarse hasta 14 expedientes sancionadores para así lograr el cierre de la actividad. El regidor ha adelantado que con respecto a los otros dos edificios también habría expedientes abiertos en la misma materia, aunque no ha dado más detalles.

A mediados de mayo, los socialistas de Palma registraron una denuncia ante el Consell de Mallorca, competente en la materia, tras haber dado con tres bloques de edificios plurifamiliares en Palma que se estarían alquilando de manera ilegal.

Si antes de la resolución del presente procedimiento, una vez iniciado el procedimiento sancionador y antes de su resolución la persona infractora reconoce expresamente su responsabilidad y desiste o renuncia expresamente a cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción y paga voluntariamente la multa deberá aplicarse una reducción de la multa de un 40%, por lo que el pago anticipado debe ser de un 60% de la multa indicada.

La apertura de este expediente sancionador se produce el día después de que los socialistas de Palma denunciaran «la inacción del equipo de gobierno del Ayuntamiento», por «permitir que, a día de hoy, una actividad ilegal siga en marcha», en relación a tres edificios destinados, presuntamente, a alquiler turístico ilegal en la ciudad, uno de ellos el hoy sancionado.

Según la concejala del grupo municipal socialista Angélica Pastor, su formación habría denunciado hace dos meses lo que estaba sucediendo. «Dos meses en los que la denuncia ha sido pública y se puso en conocimiento del Ayuntamiento. Pero a día de hoy no ha habido ninguna medida para paralizar esta actividad ni sancionar a los propietarios que están ejerciendo esta actividad ilegal», ha insistido Pastor.

En esta línea, aseguró que desde el PSOE quieren «denunciar de nuevo» esta situación, «que se produce todos los días en Palma mientras los vecinos tienen cada vez más difícil el acceso a la vivienda».

El día después de esta denuncia, Urbanismo ha procedido a iniciar este expediente sancionador rechazando el concejal de Urbanismo, Óscar Fidalgo, las acusaciones de inactividad lanzadas por los socialistas que ha calificado de «infundadas».

«Los expedientes siguen su curso, y cualquier actividad que carezca permiso tiene que dejar de funcionar pero los servicios jurídicos y los técnicos municipales nos tenemos que ajustar a la Ley», ha zanjado Fidalgo.