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Más de un centenar de okupas abandona la antigua prisión de Palma antes de su desalojo judicial

Quedarían por salir del edificio la mitad de los 200 okupas contabilizados por el Ayuntamiento

En ningún caso se ha detectado que se hayan establecido en un nuevo asentamiento informal

  • Indalecio Ribelles
  • Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

Más de un centenar de okupas abandona la antigua prisión de Palma antes de su desalojo judicial. Por tanto, la mitad de los 200 contabilizados por el Ayuntamiento habrían acatado la orden municipal para dejar este degradado y abandonado inmueble donde los incendios, altercados y enfrentamientos son el pan de cada día.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, en una rueda de prensa convocada para dar cuenta del proceso de recuperación posesoria del inmueble —cuya okupación permitió el anterior gobierno municipal de izquierdas en una completa dejación de funciones—, ha asegurado que muchos se han trasladado a la Península y otros han encontrado un empleo que les ha permitido salir de la situación en la que se encontraban o han ingresado en un centro penitenciario. Otros 45 han sido derivados al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

El último censo realizado por la Policía Local hablaba de 208 residentes (se llegaron a contabilizar 226) y ahora quedan en la antigua prisión 101 personas, por lo que se calcula que han abandonado el recinto 107.

En ningún caso se ha detectado que las personas que han abandonado la prisión se hayan establecido en un nuevo asentamiento informal o se hayan incorporado a alguno de los ya existentes. «Si identificamos movimientos en los asentamientos, se actúa. Pero que yo tenga constancia, no se ha identificado nada extraordinario en ninguno de los asentamientos de la ciudad», ha señalado.

Hay otro grupo de personas que residen en la antigua cárcel, la mayoría, que se encuentran en situación administrativa irregular y que, por lo tanto, no han podido acogerse a los recursos que ofrecen los servicios sociales, ni de la administración municipal ni de la insular.

«Puede ser que haya perfiles que estén de manera irregular en la ciudad y que no puedan acceder a según qué tipo de ayudas sociales. El proceso de regularización, que va por otro lado, marca un nuevo escenario y si esta era la cuestión que les impedía el acceso a recursos sociales, se les abrirá una ventana», ha señalado Martínez.

El proceso continúa

El proceso de recuperación posesoria de la antigua prisión, donde se prevé construir una rotonda, continúa ahora para tratar de desalojar a las 101 personas que permanecen en ella. Todas ellas ya han sido notificadas de la necesidad de que abandonen el recinto y a partir de este mismo lunes disponen de cinco días hábiles para hacerlo.

El resto de personas censadas, las 107 que se da por hecho que han abandonado la prisión, no han podido ser notificadas de forma presencial en las dos ocasiones que se ha intentado.

Por ello, la comunicación será publicada próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y se abrirá un nuevo periodo de cinco días para el desalojo.

En caso de que al finalizar estos trámites los residentes no hayan abandonado el inmueble, el Ayuntamiento solicitará una orden judicial para que las fuerzas y cuerpos de seguridad ejecuten el desalojo.