El Govern de Prohens aplaza hasta después del verano la aprobación de la ley agraria pactada entre PP y Vox

El Govern que preside Marga Prohens admite que ya no tendrá tiempo de aprobar la Ley Agraria pactada con Vox antes de las vacaciones de verano. Fuentes del Consolat y también del partido de Santiago Abascal han confirmado a OKBALEARES que el texto de la revolucionaria ley agraria balear no pasará a su aprobación por el Consell de Govern hasta después del verano, y muy probablemente en el mes de octubre.

PP y Vox admiten que ya está todo acordado y que no se prevén sorpresas. Sin embargo, la complejidad de la redacción del articulado pactado está siendo más compleja por lo amplia que es esta nueva ley. De hecho, ambas partes pasarán el verano redactando el articulado para poderlo llevar a su aprobación por el Consell de Govern a la vuelta de las vacaciones. Su aprobación no se producirá hasta finales de septiembre o principios del mes de octubre. El plan inicial era llevarla al Consell de Govern en el mes de junio.

Este retraso acumula 4 meses de demora al plan previsto inicialmente. Hay que tener en cuenta que el texto aprobado por el Consell de Govern tendrá que pasar después la preceptiva tramitación parlamentaria. Con todo, se prevé su validación legislativa dentro de esta legislatura y meses antes incluso de que se disuelva el Parlament con motivo de las elecciones autonómicas de 2027.

El texto incluye muchas de las reivindicaciones del sector y ha sido consensuado con las principales organizaciones agrarias con implantación en el archipiélago.

En Baleares son miles las personas dedicadas al sector agrario. Según el último censo, al menos 5.520 personas se dedican en el archipiélago a la agricultura, la ganadería y la caza. Las nuevas reglas del juego de la ley pueden hacer aumentar considerablemente esta cifra.

Venta directa

La ley agraria balear pretende corregir limitaciones y aumentar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas para «asegurar su continuidad», como reza el texto del Anteproyecto de Ley.

De este modo, con el nuevo texto se permitirá la venta directa de todo tipo de productos de la finca, sin intermediarios. Directo al consumidor en la propia explotación. Si varias explotaciones se asocian, cada finca podrá vender los productos de todos sus asociados. Y aún más, la nueva ley permitirá que el payés organice degustaciones de sus productos en sus instalaciones, algo no permitido a día de hoy.

Venta de carne de caza

Además, con la nueva ley, los payeses podrán comercializar en su finca pequeñas cantidades de carne de caza, o piezas enteras, al consumidor final o a minoristas de carácter local. El futuro texto balear se adaptará así al Real Decreto 1086/2020 de ámbito estatal y sus posteriores modificaciones, que fijan la legalidad de esta actividad.

Así, se podrán comercializar en las fincas «pequeñas cantidades de cabrito, por ejemplo». De esta manera, piezas de caza dentro de la temporada como el zorzal, el conejo silvestre, la liebre, la perdiz o las palomas (en sus variantes) se podrán comprar en las explotaciones agrarias de las Islas.

Se amplían las agroestancias

La nueva Ley Agraria de Baleares que elabora la Conselleria de Agricultura ampliará de seis a 10 las plazas destinadas a agroestancias en las explotaciones agrícolas que lo soliciten. Sin embargo, OKBALEARES puede adelantar una novedad: los Consells insulares tendrán el poder de reducir el número de plazas sin rebajar las 6 que ya figuraban en la anterior ley de 2019.

Es el asunto que más ruido político ha provocado desde que a finales de 2025 se dio a conocer el anteproyecto de Ley de Agricultura que el Govern balear prevé dejar aprobado definitivamente antes del verano. Agricultura aumentará de seis a 10 las plazas que una finca podrá dedicar a las agroestancias, o lo que es lo mismo, al alojamiento con fines turísticos.

Esta cuestión ha provocado en los últimos meses acalorados debates entre el conseller del ramo, Joan Simonet, y los partidos de la izquierda parlamentaria. Simonet defiende el aumento a 10 para dar más opciones de rentabilidad al agricultor y los partidos de la izquierda reclaman dejarlo en 6 plazas, como está fijado desde la ley de 2019.