El falso modelo ecologista del Pacte de izquierdas en Mallorca: autorizó la construcción de más de 10.000 piscinas privadas en ocho años

El modelo ecologista del Pacte de izquierdas que gobernó durante ocho años el Consell de Mallorca choca de frente con los datos. La coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos autorizaron entre 2015 y 2024 más de 10.000 piscinas privadas en la isla, el 30% de ellas levantadas en suelo rústico.

Bajo la presidencia de Catalina Cladera (PSOE), el ritmo de concesión de licencias alcanzó una media de 1.166 piscinas al año, lo que equivale a 23 nuevas instalaciones cada semana. Y lo pero es que el 30% de estas infraestructuras se levantaron en suelo rústico, mientras que el 70% restante se ubicó en suelo urbano.

Aunque desde la oposición se llenen la boca con discursos conservacionistas, cuando estuvieron al frente de la institución insular durante dos legislaturas enteras dejaron que se desatase un auténtico boom urbanístico tanto en la capital balear como en toda la Part Forana.

Los municipios que lideraron esta proliferación fueron Palma, Marratxí, Calvià, Llucmajor, Santanyí, Manacor, Campos, Felanitx, Alcúdia y Pollença, con una especial concentración en urbanizaciones y zonas costeras como Sa Ràpita, Santa Ponça, Cala Murada, Colònia de Sant Pere o Can Picafort.

En Palma, aunque la distribución fue más dispersa, destacaron núcleos como Son Vida y la urbanización Can Domenge, frente al Velòdrom Illes Balears, donde se contabilizan 74 piscinas, en su mayoría privadas y ubicadas en azoteas.

Ante el impacto de estas cifras, Terraferida ha exigido la prohibición inmediata de construir más piscinas en la isla para frenar un fenómeno que consideran que va «en aumento». El colectivo reclama además restringir el suelo rústico exclusivamente a usos agrarios, naturales o recreativos, frenar las edificaciones dispersas y reclasificar el suelo urbanizable a rústico para impedir nuevas construcciones.

Asimismo, proponen la obligatoriedad de cubrir las piscinas para evitar la evaporación, aplicar tarifas progresivas que penalicen el consumo abusivo de agua y fijar topes en las extracciones de pozos en suelo rústico.

Desde la propia entidad ecologista, su portavoz Mateu Vic ha asegurado que»las piscinas es lo primero que se construye en los chalets porque aumentan el valor turístico» y ha lamentado que suponen una «especulación» al hacerlos más «atractivos para los turistas o extranjeros».

El colectivo también ha pedido que se dejen de dar licencias para la construcción de nuevas piscinas y ha señalado que Menorca lleva «mucha ventaja» sobre Mallorca en este materia.

Según concluye el estudio, esta permisividad institucional ha desencadenado consecuencias sociales directas sobre los residentes, impulsando la especulación, encareciendo el suelo y encareciendo el acceso a la vivienda para los mallorquines.