La empresa de limpieza de Palma gasta 370.000 euros en condenas por acoso de la anterior cúpula del PSOE

La empresa de limpieza de Palma (Emaya) lleva gastados 370.000 euros por hasta tres sentencias judiciales que acusan de acoso sindical a la anterior dirección socialista de la compañía municipal, que despidió irregularmente a tres representantes sindicales de la central mayoritaria USTE simple y llanamente por realizar su actividad sindical, tal y como vienen fallando los tribunales sentencia tras sentencia.

Pese al coste de estos fallos judiciales, y de que cada recurso no hace más que engrosar el montante de dinero público a pagar a los tres trabajadores damnificados que los jueces exigen readmitir en sus puestos de trabajo, la nueva dirección de la empresa liderada por el concejal del PP, Llorenç Bauzá, ha optado por librar una batalla judicial, y no readmitir a estos sindicalistas.

Además mantiene en sus cargos a los directores generales nombrados a dedo por la anterior dirección socialista ahora condenada por acoso, y cuya gestión de la limpieza de las calles de la capital balear fue tan nefasta que convirtieron Palma en la ciudad más sucia de España, según la OCU.

El primer fallo judicial es de 29 de mayo de 2024, y condena a Emaya por lesión grave de derechos fundamentales y acoso laboral en materia de prevención de riesgos laborales y psicosociales. En concreto, exige a la compañía indemnizar con 67.616 euros a uno de estos trabajadores y pagarle los salarios de tramitación consistentes en 95 euros diarios hasta la resolución del recurso.

La segunda sentencia de mayor importe aún, es de noviembre de 2023 y condena a Emaya por vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical y exige a la empresa municipal, la inmediata readmisión del otro sindicalista despedido con el abono de la cantidad de 88.000 euros, y de los salarios de tramitación consistentes en 104 euros diarios.

El tercero de los fallos judiciales por acoso sindical es de julio de 2024 en términos casi idénticos: vulneración de derechos fundamentales y de la tutela judicial efectiva, garantía de indemnidad y a la libertad sindical, exigiendo la readmisión inmediata del despedido.

A ello hay que unir, en este caso una condena por daños morales. En total, la suma a desembolsar a este tercer trabajador es de 110.000 euros, más 190 euros diarios de salario de tramitación, mientras se sustancia el recurso por la decisión de la empresa de no readmitir al sindicalista despedido.

Unas sentencias judiciales sonrojantes para una compañía pública.

La suma de las indemnizaciones y salarios por los tres casos de despido es de 270.000 euros, a lo que hay que agregar la cantidad media de 400 euros diarios por la no readmisión de los despedidos hasta la resolución de los recursos. A fecha de hoy, sólo este apartado, asciende ya a más de 70.000 euros.

En total los citados 340.000 euros que van incrementándose y que pagan los palmesanos con sus impuestos.

Hace dos semanas, por decreto de la letrada de la Administración de Justicia de fecha octubre de 2024, se exigió a la empresa pública el depósito de las cantidades de condena, con la advertencia de que si no son consignadas e integradas en la cuenta del juzgado se desestimarán los recursos.

Según el juez de la última de las sentencias del caso del pasado mes de julio, hay «indicios sólidos y razonables» de que la causa real del despido del demandante por la empresa municipal entonces presidida por el concejal socialista, Jose Ramon Perpinyà, «fue la actividad sindical desarrollada por éste, tanto en el seno de la propia empresa, como a través de la interposición de diversas demandas judiciales contra la compañía, todo ello en el marco del conflicto existente entre ambas partes».

Ante la gravedad de las acusaciones judiciales, el grupo municipal de Vox ha presentado una propuesta al pleno del Ayuntamiento de Palma del próximo miércoles 13 de noviembre, en la que insta al equipo de gobierno del PP a tomar tres medidas con carácter inmediato.

En primer lugar, proceder al cumplimiento de las sentencias que declaran nulos los despidos, y la readmisión inmediata de estos tres trabajadores y representantes sindicales. Además, la moción reprueba al presidente y al gerente de Emaya por no haber cumplido estas sentencias y exige el cese de sus cargos del director de Calidad Urbana y de la directora de Servicios Corporativos.