Crisis de inseguridad en Baleares

Baleares registra un repunte sostenido de delitos patrimoniales en zonas de alta densidad turística, con especial incidencia en hurtos y robos con fuerza. No es una anomalía puntual, sino un patrón que, según datos del Ministerio del Interior, refleja un aumento de la presión delictiva y una persistencia elevada de la reincidencia. Ese es el punto de partida: datos, no percepciones.

Cuando la capacidad de detección y sanción pierde inmediatez, la disuasión se debilita. La criminología es clara: la probabilidad de castigo condiciona más la conducta que la severidad abstracta de la pena. En términos prácticos, si delinquir no tiene consecuencias rápidas y visibles, se delinquirá más. Baleares no escapa a esa lógica.

El problema se agrava cuando el análisis se sustituye por relato. Minimizar los indicadores retrasa la respuesta. La seguridad no admite eufemismos: o el Estado garantiza el cumplimiento de la ley o cede terreno.

Existen vectores que requieren una lectura precisa. Uno de ellos es la inmigración ilegal en su intersección con determinadas economías ilícitas. No se trata de etiquetas, sino de dinámicas: bolsas de población en situación administrativa irregular y con trayectorias de integración inciertas son más permeables a la captación por redes delictivas. Ignorar este factor limita la eficacia de cualquier política preventiva.

Otro frente crítico es la ocupación ilegal. Procedimientos largos y ejecución lenta generan un incentivo perverso: consolidar hechos consumados. El resultado es una transferencia de riesgo hacia el ciudadano cumplidor y una erosión de la confianza en el sistema.

A ello se suma la preocupación creciente por los delitos contra la libertad sexual. Las agresiones sexuales, especialmente en entornos de ocio nocturno, exigen una respuesta institucional inequívoca: prevención efectiva y consecuencias penales claras. La ambigüedad en este ámbito debilita la confianza pública y amplifica la sensación de inseguridad.

En este contexto, Vox ha insistido en la necesidad de recuperar la capacidad coercitiva del Estado. En términos operativos: más presencia policial en puntos críticos, refuerzo de unidades de investigación, respuesta penal frente a la multirreincidencia y desalojos rápidos en casos de okupación.

No son propuestas abstractas. Implican protocolos de actuación inmediata, mejor coordinación policial y ajustes legales que aseguren consecuencias efectivas para quien delinque. Junto a ello, una política migratoria basada en control y legalidad refuerza la coherencia del sistema.

Conviene señalar también la responsabilidad política. Las decisiones adoptadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez han priorizado en demasiadas ocasiones el enfoque discursivo sobre el operativo. Reformas penales controvertidas, una gestión migratoria reactiva y la falta de refuerzo estructural de medios han contribuido a debilitar la capacidad disuasoria del sistema. No es la única causa, pero sí un factor relevante.

El debate público suele desplazarse hacia lo ideológico. Es un error. La seguridad es una cuestión funcional: cuando falla, afecta sobre todo a los más vulnerables.

Baleares está en un punto de inflexión. Persistir en la inacción implica normalizar el deterioro. Corregirlo exige medidas conocidas, aplicadas con continuidad. Vox lo plantea en términos de recuperación de la autoridad del Estado. Más allá de siglas, la cuestión es simple: o la ley se cumple o deja de ser efectiva.

Sin disuasión, no hay seguridad. Y sin seguridad, todo lo demás se resiente.

• David Gil de Paz es portavoz adjunto de Vox en el Consell de Mallorca.