Los centros de menas de Mallorca disparan su sobresaturación tras llegar 42 más en apenas siete días
La octava planta habilitada en la residencia de ancianos de La Bonanova ya está completa
La decena de lugares de acogida registra una "saturación sin precedentes", afirma el presidente del Consell
Más de la mitad de los menores tutelados en Mallorca por la institución insular son menas
Los centros de menas de Mallorca disparan su sobresaturación tras llegar 42 más en siete días en el presente mes de noviembre donde el desembarco de pateras en Baleares está siendo una constante casi diaria.
Sólo el pasado miércoles llegaron 418 inmigrantes a las islas a bordo de una veintena de embarcaciones. En el caso de los menores no acompañados, una vez rescatados y comprobada su edad son trasladados a los ya de por si saturados centros de acogida de Mallorca e Ibiza, dado en Formentera no hay. En este caso, con el añadido de que el Consell de la menor de las Islas Pitiusas ya ha anunciado su voluntad de renunciar a estas competencias, transfiriéndolas al Govern ante el elevado gasto que esto supone para sus arcas: más de ocho millones de euros anuales, una quinta parte de su presupuesto total.
La llegada de esos 42 menas a Mallorca ha provocado que en estos momentos la capacidad de los 10 centros de residencia y acogida habilitados por el departamento de Bienestar Social del Consell de Mallorca que gestiona el conseller ejecutivo del PP, Guillermo Sánchez, esté superando todos los registros, y casi roce el 50% de sobreocupación.
«Estamos ya con el agua al cuello», apuntan fuentes insulares que confirman que con estas llegadas la octava planta de la residencia de ancianos de La Bonanova de Palma habilitada hace unos días de forma provisional para esta población está ya completa.
No es para menos, teniendo en cuenta que a falta de 50 días para que acabe el año, el Consell lleva acogidos 277 menores inmigrantes no acompañados frente a los 184 registrados durante todo el año pasado. Las previsiones que apuntaban este verano a que la cifra podría estar cercana a los 300 se van, por tanto, confirmando.
Ante esta situación, el presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, exige al Gobierno de Pedro Sánchez «celeridad» en la cesión de espacios para habilitarlos como centros de acogida de menas.
«La realidad que vivimos exige una respuesta inmediata. Cumplimos con nuestro compromiso de atender a estos menores, pero necesitamos que el Estado asuma también su responsabilidad y facilite cuanto antes el recurso propuesto para aliviar la presión en nuestro sistema de acogida,» ha expresado el presidente Galmés que califica de saturación «sin precedentes» la que sufre el sistema de protección de menores del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).
Baste indicar que en estos momentos, más de la mitad, en concreto, un 55% del total de menores atendidos en el sistema residencial de protección del IMAS son menas. Una proporción que refleja el nivel de exigencia y la sobrecarga que enfrenta el sistema de acogida en este momento, agravado por la falta cada vez más acuciante de profesionales adecuados para la atención de estos menores.
Tras las solicitudes urgentes hechas en julio por el presidente Galmés y el conseller de Benestar Social, Guillermo Sánchez, y después de haber visitado un espacio propiedad del Ministerio de Defensa, el Consell sigue a la espera de que se concrete la cesión de un espacio de acogida solicitado hace un mes.
A la espera de la decisión de la ministra Robles, el Consell ha aparcado el acondicionamiento de las tiendas de campaña del antiguo cuartel de Son Tous en Palma para acoger el aluvión de menas, si bien no está descartada esta posibilidad, en caso de que el Gobierno de Sánchez demore su decisión o no haga efectivo su cesión al Consell.
No obstante esta posibilidad también está en el aire, dado que el Govern exige una autorización expresa del Ministerio de Defensa, titular de estos terrenos cedidos hace una década a la Comunidad Autónoma, para poder acoger a estos menores en tiendas de campaña. Pero no parece que haya voluntad política para materializar esta opción, por el coste político y de imagen que tendría para el Gobierno central y el autonómico.
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