Al banquillo un hombre por estafarle 400.000 euros al socio con el que creó una inmobiliaria en Mallorca

• Pedro Serra @PedroSerraTr
• Redactor en OKBALEARES. Antes en IB3 TV, COPE Mallorca y esRadio.
• • 16/02/2026 04:00
  • Actualizado: 16/02/2026 04:00

Llevan a juicio a un hombre acusado de no devolverle 400.000 euros al socio con el que creó una inmobiliaria en Mallorca en el año 2012. El procesado se tendrá que sentar este próximo martes en el banquillo de los acusados por unos hechos por los que la Fiscalía pide una pena de cuatro años de prisión, una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de al menos 65.000 euros.

Todo sucedió cuando ambos decidieron crear una compañía inmobiliaria en la que el supuesto autor del delito fue designado administrador único por un plazo indefinido. Un año más tarde, la víctima firmó un contrato de préstamo en virtud del cual tenía que entregar a la mercantil la cantidad de 400.000 euros para la compra de un vehículo y de equipamientos informáticos, el pago del alquiler del local y hacer frente a los gastos corrientes.

Así, el socio fue entregando el dinero a plazos entre febrero de 2013 y abril de 2015. Una cantidad que debía empezar a devolverse a partir de enero de 2015, pero nunca llegó.

De estos 400.000 euros, el acusado empleó 133.000 para el pagar el alquiler del local en el que estaba ubicada la inmobiliaria, 19.000 para adquirir un vehículo de empresa y una cantidad indeterminada para abonar los salarios de los trabajadores y el suyo propio. Para poner en marcha el negocio, además, se contrató a una empresa que se encargó de reformar el local. El acusado les pagó 38.762 euros por las obras, pero dejó a deber otros 15.000.

Todo se torció cuando la empresa encargada de la reforma reclamó esta cantidad al juzgado, pero este no pudo hallar bienes ni efectivo alguno para hacer efectivo el cobro. Un juzgado de lo mercantil declaró el concurso de la inmobiliaria y concluyó su actividad por insuficiencia de masa.

El acusado, siendo consciente del dinero que debía, rescindió unilateralmente el contrato de alquiler y trasladó el equipo informático a su residencia, donde con la ayuda de algunos empleados y bajo otro nombre continuó con la actividad.

Después vendió el coche de empresa y se dio a la fuga, motivo por el cual procedimiento judicial tuvo que suspenderse. En octubre de 2016 se dictó una orden de busca y captura en su contra.