Un ayuntamiento independentista de Mallorca protegerá una finca emblemática para impedir su uso turístico

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 25/11/2022 13:34
  • Actualizado: 25/11/2022 14:12

Movido por la turismofobia que caracteriza a los independentistas de Més, socios de gobierno de socialistas y Podemos en Mallorca y Baleares, el Ayuntamiento de la localidad de Esporles, en manos de Més, maniobra para proteger La Granja, una histórica y espectacular finca y casa señorial de la Serra de Tramuntana, y de esta forma impedir su uso turístico y su conversión en un hotel de lujo.

La alcaldesa de esta población de 5.000 habitantes, Maria Ramon (Més), ha iniciado la tramitación de la propuesta para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) esta espectacular propiedad de Esporles, cuyo origen se remonta a época romana y que fue vendida por 10 millones de euros el pasado mes de septiembre por la familia Seguí a un inversor sueco asociado al empresario Miguel Conde, propietario de la cadena It Mallorca.

Este viernes el pleno del Ayuntamiento de Esporles ha aprobado
solicitar la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de las casas de La Granja y los elementos de su entorno.

Esta finca acogió en 2012 la celebración del matrimonio entre Carlos Seguí, uno de los propietarios, y la presentadora de televisión Patricia Conde, así como el posado veraniego un año después del entonces Príncipe Felipe y Letizia Ortiz.

Una vez vendida la propiedad para su uso turístico, la alcaldesa independentista de Més ha iniciado la declaración de la misma como BIC ante el Consell de Mallorca, donde su formación gobierna en coalición con socialistas y Podemos y ostenta la vicepresidencia de Cultura y Patrimonio, con la consellera Bel Busquets al frente

Sólo la tramitación de esta declaración impediría a su nuevo propietario iniciar cualquier obra y en caso de que en un par de años fuese aprobada, daría a la administración insular un derecho de compra ante una futura venta. Un uso político de la protección patrimonial, que en Mallorca siempre viene de la mano de formaciones independentistas, caso de Més, o regionalistas como la extinta Unió Mallorquina de Maria Antònia Munar.

Ante esta situación, la coordinadora de Vox en este municipio del norte de Mallorca, Andrea Busquets, ha denunciado esta maniobra política en la que los independentistas de Més intentan «pasar por encima de todo y de todos, perjudicando de forma deliberada a los propietarios y ahora a los nuevos compradores».

«Perjudican la economía de Mallorca»

«Més está perjudicando la economía de Mallorca y el futuro laboral de muchos ciudadanos. La izquierda habla de conseguir un turismo de calidad pero cuando hay opciones de conseguir ese turismo, torpedean el proceso. Esa es la doble cara de la izquierda. Més no ha conseguido echar por tierra la venta de La Granja pero pondrá zancadillas a los nuevos compradores», lamentó Busquets.

El portavoz de Vox en el Consell de Mallorca, Pedro Bestard, denunció a su vez el pasotismo de la institución insular a la hora de proteger el patrimonio de Mallorca. «Tenemos posesiones y elementos que llevan años durmiendo el sueño de los justos y la izquierda no se ha interesado por el estado de los mismos y por las necesidades de los propietarios. Cuando éstos deciden poner en venta sus posesiones es cuando actúa para ponerles palos en las ruedas».

El partido liderado en Baleares por el diputado Jorge Campos defiende «el derecho a la propiedad privada y de estos propietarios a hacer con sus propiedades lo que quieran. Si las administraciones están interesadas en proteger el patrimonio de Mallorca, hace años que deberían haber actuado».

De hecho, como recoge esta formación en un comunicado, siete de las diez posesiones más emblemáticas de Banyalbufar están en manos de entidades mercantiles.