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Juicio ‘caso Cursach’: absueltos seis de los imputados a quienes la Fiscalía había quitado la acusación

Tras la absolución de estas seis personas, quedan 17 acusados en el banquillo de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares

El magnate del ocio nocturno se sienta en el banquillo después de nueve años de enrevesada instrucción

La mayor petición de pena, de ocho años, es contra un policía local de la unidad encargada de inspeccionar los locales de ocio nocturno

La Fiscalía reduce su petición de pena de cárcel para Cursach de ocho años y medio a un año y medio

El Tribunal encargado del juicio del caso Cursach ha decidido este lunes absolver a seis de los acusados después de que tanto Fiscalía como acusación particular hayan retirado los cargos y los abogados de la defensa hayan pedido su absolución.

En concreto, se trata del ex director de la discoteca Tito’s Jaime Lladó, el trabajador de Tito’s Arturo Segade, el ex policía Antoni Bergas, la ex directora general de Turismo Pilar Carbonell, el funcionario de la Conselleria de Turismo Bernardí Seguí y el funcionario del Ayuntamiento de Palma Julián Garau.

Con la absolución de estos acusados, en el banquillo de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares quedan 17 después que la Fiscalía modificase su escrito hace apenas dos semanas. Precisamente, en la primera parte del juicio, al comienzo de las cuestiones previas, han pedido la nulidad del escrito del Ministerio Fiscal, algo que el Tribunal ha desestimado, informa Europa Press.

Sin embargo, sobre la petición de la nulidad del proceso judicial y la suspensión del juicio del caso Cursach por parte de la abogada Teresa Bueyes, a la que después se han adherido el resto de letrados de la acusación particular, el tribunal no se ha pronunciado. De este modo, ha indicado que al final de las cuestiones previas, se emitirá un auto donde se resuelvan todas.

En detalle, la letrada Teresa Bueyes, encargada de representar a varios empresarios de Magaluf, ha exigido que se vuelva a la fase de instrucción por las «trampas e irregularidades» en el proceso de instrucción de la causa, llegando a sugerir que podían proceder «del principal encausado», en referencia a Bartolomé Cusarch.

Esta afirmación ha provocado que la magistrada que dirige el Tribunal le haya interrumpido para pedirle que aporte pruebas si «habla de trampas» por parte de la Administración de la Justicia. Como consecuencia, la letrada ha retirado esta acusación, pero ha exigido la suspensión del juicio y que el juez Manuel Penalva declare para tener «claro qué está en la causa».

El juicio por el caso Cursach ha comenzado sobre las 10.16 horas en la Audiencia Provincial de Baleares con un total de 23 procesados y una rebaja de peticiones de penas de cárcel para los principales encausados, el empresario de ocio nocturno Bartolomé Cursach y su mano derecha, Bartolomé Sbert.

Desde las 09.00 horas, los encausados han ido llegando a la Audiencia de Baleares, así como los fiscales encargados del caso, Juan Carrau y Tomás Herranz. Uno de los últimos en entrar al edificio del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha sido Cursach, quien lo ha hecho acompañado por su pareja.

Al comienzo del juicio, el tribunal ha preguntado a las diferentes partes sobre la composición del mismo, que está integrado por Samantha Romero, Rocío Martín y Gloria Martín. Ni acusación ni defensa se ha opuesto.

A continuación, sobre las 10.45 horas, han comenzado las cuestiones previas del juicio. En primer lugar y tras dar conocimiento de que los acusados están ilustrados sobre los escritos, el Ministerio Fiscal ha explicado la modificación de sus peticiones de penas y retiradas de delitos para ocho de los encausados -uno de ellos falleció antes del juicio-.

Ante esto, el letrado de la acusación particular Álvaro Martín, ha manifestado su oposición a la rebaja de penas de la Fiscalía, así como la abogada Teresa Bueyes, quien ha subrayado que resulta «sorprendente» que a diez días del juicio se haga un cambio «tan sustancial». «Nunca se ha visto un caso igual. No se contempla en la ley de enjuiciamiento civil», ha recalcado.

En cuanto a los abogados de la defensa, han apoyado la modificación del escrito de la Fiscalía y han afeado a las acusaciones particulares que pidan la nulidad de este cambio en el escrito.

Prevé durar nueve meses

La vista, programada para durar nueve meses, enjuiciará el mayor entramado de corrupción policial de Mallorca entre Cursach y varios policías locales que supuestamente habrían beneficiado sus negocios a cambio de trato de favor.

Cabe recordar que a pocos días de que comenzara el juicio, la Fiscalía rebajó su petición de pena de prisión para Cursach de 8,5 a 1,5 años y a 15 años de inhabilitación para toda actividad relacionada con la hostelería y el ocio, por un delito de pertenencia a grupo criminal, así como 10 años de inhabilitación por prevaricación administrativa continuada, recoge la agencia Efe.

Cursach, a quien también se le atribuyen los delitos de coacciones y cohecho, si bien no se reclama cárcel por ellos, será juzgado tras un largo recorrido judicial marcado por el procesamiento por revelación de secretos del exfiscal Miguel Ángel Subirán y el ex juez instructor del caso Manuel Penalva, ambos jubilados por incapacidad en 2020 y 2021, respectivamente.

Después de que Penalva y Subirán fueran apartados del caso y que los nuevos fiscales, Juan Carrau y Tomás Herranz, retiraran acusaciones y descartaran la gran mayoría de los presuntos delitos contra Cursach por falta de pruebas o inconsistencia de algunos de los testigos, se sentarán en el banquillo de los acusados 16 de los 24 imputados inicialmente.

La sección primera de la Audiencia juzgará los presuntos delitos de grupo criminal, prevaricación, cohecho, omisión del deber de perseguir delitos, contra la salud pública, abuso de la función pública, coacciones, revelación de secretos, usurpación de la funciones públicas y amenazas.

La Fiscalía circunscribe su acusación al ámbito de la Policía Local de Palma y a las actuaciones presuntamente corruptas del empresario y su «mano derecha», Bartolomé Sbert, para quien la acusación pública pide 3,5 años de cárcel.

La mayor petición de pena, de ocho años de prisión, es contra un policía local de la unidad encargada de inspeccionar los locales de ocio nocturno, a quien se le atribuyen los delitos de cohecho continuado, abuso de función pública con solicitud sexual, coacciones y revelación de secretos.