Armengol dio el visto bueno a la compra de mascarillas ‘fake’ pese a saber que no cumplía los requisitos

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 28/02/2024 14:24
  • Actualizado: 28/02/2024 22:08

El Govern balear dio el visto bueno a la compra de mascarillas fake por las que abonó 3,7 millones de euros pese a saber que no cumplía los requisitos en plena pandemia. Lo hizo cuando estaba al frente Francina Armengol, la actual presidenta socialista del Congreso.

El Servicio de Salud de Baleares (IB-Salut) emitió en 2020 un certificado de conformidad con el pedido de mascarillas a la empresa clave del caso Koldo, a pesar de que ya había recibido, dos meses antes, los resultados de los análisis, constatando que el material no cumplía con los requisitos de una mascarilla FFP2. Esta certificación se hizo el 12 de agosto de 2020 a solicitud de la empresa, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, y la firma un subdirector de Compras y Logísticas, según ha informado en una rueda de prensa el actual director del IB-Salut, Javier Ureña.

Ureña ha aclarado que es habitual que las empresas soliciten este tipo de certificados para poder presentarlos al concurrir a otras contrataciones públicas. El documento acredita que para el IB-Salut, el contrato se había ejecutado «correcta y satisfactoriamente».

Sin embargo, ya el 8 de junio de 2020 el centro estatal que analizaba el material había emitido un informe concluyendo que las mascarillas no cumplían los requisitos de una mascarilla FFP2. El material continúa a día de hoy almacenado en Son Dureta, ya caducado y sin utilizar.

Para los actuales responsables del IB-Salut, ese certificado de agosto «hace que sea complicado que prospere» la reclamación de 2,6 millones de euros a la empresa, cantidad fundamentada en la diferencia de precio con una mascarilla quirúrgica. De hecho, la empresa esgrimió ese documento en las alegaciones presentadas en noviembre, además de protestar porque la administración le reclame la resolución de un contrato ejecutado tres años antes.

Además en su comparecencia ante los medios, Ureña ha dejado claro que el anterior equipo de la Conselleria de Salud y el Servicio de Salud de Baleares (IbSalut) no comunicó a los gestores entrantes del Govern del PP que la Fiscalía Anticorrupción investigaba el contrato de 3,7 millones de euros con la empresa clave en el caso Koldo.

Tras exhibir el voluminoso tomo del traspaso de competencias, ha precisado que en él no se hace ninguna mención específica a esta investigación a pesar de que el Govern ya tenía constancia de ella desde 2022.

En detalle, según ha explicado, fue en julio de 2022 cuando la Fiscalía comunicó las diligencias de investigación al Govern y solicitó toda la documentación, para lo cual efectivos de la Guardia Civil visitaron en persona el IbSalut. El 19 de julio se entregó lo solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO), en papel y en un pendrive.

Ureña ha resaltado que, a partir de esa fecha, no consta «ninguna actuación más» por parte del Govern hasta el apercibimiento, ya en marzo de 2023, con el que su predecesor, Manuel Palomino, anunciaba a la empresa medidas porque las mascarillas no cumplían con las características esperadas. El director general del IbSalut ha puntualizado que ese escrito tiene un valor puramente comunicativo sin efectos jurídicos como reclamación.

«Me llama poderosamente la atención que la Guardia Civil se persone en 2022 y los meses siguientes no hayamos podido detectar ningún movimiento al respecto hasta marzo del año siguiente», recalcó Ureña.

El Govern también ha negado que la reclamación (iniciada formalmente, asegura, en agosto de 2023) haya caducado, ya que según sus cálculos el plazo continuaría vigente hasta abril. No obstante, tanto Ureña como la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas, han insistido en que este expediente en particular no condiciona su capacidad para reclamar los fondos.

De hecho, el Govern tiene previsto reclamar no sólo los 2,6 millones de euros por la diferencia de precio, sino el total del importe del contrato, 3,7 millones, y planea «agotar todas las vías» que sean necesarias para ello. En este sentido, Estarellas ha anunciado que ya se ha formalizado la personación del Govern ante la Audiencia Nacional.