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El alcalde socialista de Palma pagó un sobresueldo ilegal de 18.000 euros al ex jefe de la Policía Local

  • Indalecio Ribelles
  • Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

El alcalde socialista de Palma, José Hila, pagó un sobresueldo ilegal de 17.950 euros al ex jefe de la Policía Local Josep Palouzié durante la pasada legislatura. Un plus salarial aprobado de forma unilateral por el Ayuntamiento de Palma para el ex máximo responsable policial del cuartel de Sant Ferran, hoy ya jubilado, y que ocupará el octavo lugar en la candidatura del PSC al Ayuntamiento de Gerona para las municipales de mayo, ciudad en la que había sido, anteriormente, máximo responsable de la Policía Local.

Se da la circunstancia de que Palouzié fue intendente policial de Gerona cuando era alcalde de esta localidad catalana en la pasada década, el fugado ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

En una contundente sentencia judicial tras la denuncia presentada por el sindicato UGT, que ya es firme y no admite más recursos, el juez declara nulo el complemento de productividad pagado a Palouzié.  En la práctica esto supone que éste deberá de devolver esas retribuciones percibidas ilegalmente. Un complemento salarial que el ex jefe de la Policía Local de Palma percibía y que se sumaba a su salario, uno de los sueldos más altos de todo el Consistorio: 74.000 euros al año, más que el propio alcalde Hila (60.000).

Además de condenar a costas al Ayuntamiento de Palma que deberá pagar los gastos de los litigantes durante este proceso judicial, el juez sentencia que el gobierno municipal vulneró el derecho a la negociación colectiva, y no negoció con las centrales sindicales los criterios para asignar la productividad. Una arbitrariedad manifiesta por parte del gobierno municipal, obviando el procedimiento establecido precisamente para evitarlas.

En un comunicado interno a sus afiliados, la sección sindical de UGT recuerda que ya en su día advirtió al gobierno municipal que «no se estaban siguiendo los cauces legales, despreciando a los representantes de la parte social en materia de negociación colectiva, siendo la tónica habitual de los años 2015-2019 en el área de Seguridad Ciudadana, con una parte política, que excusándose en sus técnicos, no negociaba, sino que imponía su criterio, y si no estás de acuerdo, me pones un contencioso».

En la nota, el sindicato reconoce que, «era una decisión que no nos afectaba en nada, ni perjudicaba al colectivo, sin embargo, debíamos denunciarlo, no podíamos mirar hacia otro lado, pues no hacerlo suponía ceder ante la imposición, y negar cualquier principio en la negociación colectiva».

En este sentido, el sindicato deja caer al gobierno municipal que los últimos acontecimientos que se han vivido en el área de Seguridad Ciudadana que preside la concejala socialista, Joana Maria Adrover, con la modificación de las condiciones de trabajo mediante instrucciones de servicio, como denunció este diario, «vuelve a vulnerar el derecho a la negociación colectiva».

«Nos han dado la razón, y deseamos que este escrito sirva de recordatorio, sobre la importancia de seguir de forma correcta los procesos de negociación colectiva y su ajuste a la legalidad vigente», abunda la central sindical, que concluye el comunicado a sus afiliados, recordando que «las negociaciones suelen ir mejor cuando existe la confianza. Es muy difícil negociar cuando ambas partes desconfían».