UGT acusa al Ayuntamiento de Palma de prevaricar por el plus ilegal de 18.000 euros del ex jefe de la Policía

El sindicato UGT ha acusado al Ayuntamiento de Palma de prevaricación por realizar un acto administrativo «que sabía que era ilegal» y de «malversar dinero público».

Todo ello, después de conocerse que el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Palma ha estimado una demanda de esta central y declarado ilegal el complemento de productividad de 17.950 euros anuales del que fuera jefe de Policía Local de Palma, cuando Angélica Pastor era concejala de Seguridad Ciudadana.  La edil socialista, hoy en el área de Infraestructuras, avaló el desembolso de un plus salarial que, como expone la jueza, no era ajustado a derecho.

Por ello anula el decreto de alcaldía de 2017 que aprobó la retribución complementaria del ex jefe de Policía Local de Palma, Josep Palouzié,  al no haber sido negociada con las fuerzas sindicales. La sentencia menciona jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears en la que se determina que el complemento de productividad es una «retribución complementaria de carácter subjetivo», lo que obliga a que su «determinación sea objeto de negociación colectiva».

Asimismo, la resolución judicial abunda en que el Ayuntamiento de Palma tampoco cumplió la normativa de aprobar, de manera previa, los «criterios de valoración» que justificaban el complemento de productividad del último responsable de Seguridad Ciudadana durante la pasada legislatura.

Por todo ello, el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Palma condena al Consistorio palmesano al pago de las costas del proceso y al anterior jefe de Policía a devolver las cantidades percibidas durante los años que estuvo al frente del cuartel de San Fernando.

En el comunicado, UGT Servicios Públicos manifiesta su rechazo a la decisión del Ayuntamiento de Palma de recurrir una sentencia que deja claro que se vulneró el derecho a la negociación colectiva al «no acordar con los sindicatos una retribución de un empleado público antes de su contratación».

La organización sindical mantiene que el proceder de la entonces concejala Seguridad Ciudadana con el complemento de retribución de su máximo responsable policial muestra lo que fue una «forma de obrar continuada» durante la pasada legislatura, cuando se perdieron plazas de Policía por no realizar las convocatorias.
«Asumió competencias de personal, realizó actuaciones como la juzgada, persiguió a los sindicatos con denuncias por la vía penal», detalla la organización sindical que asegura que, la concejala socialista, llevó a cabo una reorganización interna del departamento de Seguridad Ciudadana que «ha resultado inútil» y generado numerosos quebraderos de cabeza a los policías palmesanos.

Entre otras cuestiones, recuerda el sindicato, porque se llegaron a nombrar hasta cuatro jefes en la Policía Local adoptándose una serie de decisiones que llevaron a un caos organizativo que «aún se sufre», en las dependencias de San Fernando.

Así las cosas, para la central «no se entiende» que el Ayuntamiento prolongue la situación con el recurso a esta sentencia sin preguntase si «ha habido prevaricación y malversación de fondos públicos».