Un afanado juez catalanista premiado por la independentista OCB firma el auto contra el 25% en español

Un afanado juez catalanista premiado por la entidad independentista Obra Cultural Balear (OCB), hermanada con Òminum Cultural en Cataluña, Valencia y Baleares en la Federación Llull, firma el auto judicial contrario a impartir el 25% de clases en español en la enseñanza balear.

Se trata del presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), Gabriel Fiol Gomila, que en contra de lo que viene dictaminando sentencia tras sentencia este mismo máximo órgano del poder judicial en Cataluña -donde se mantiene la misma exclusión del castellano en las aulas- ha denegado la petición de un padre de Mallorca para que su hija reciba el 25% de clases en castellano.

Fiol decantó la balanza en contra de esta medida cautelar (apoyado por los magistrados Pablo Delfont y Fernando Socias) mientras otras dos magistradas (Carmen Frigola y Alicia Esther Ortuño) emitían un voto particular expresando su discrepancia con el criterio de la Sala.

Curiosamente la interlocutoria del TSJB rubricada por Fiol fue redactada íntegramente en catalán, mientras las dos magistradas redactaron su voto particular en castellano.

Nacido en Es Castell (Menorca), y a las puertas de su jubilación, Gabriel Fiol ejercía desde 1986 como magistrado en la Sala Contencioso Administrativa del TSJIB hasta que fue nombrado presidente en 2008, siendo reelegido desde entonces en sucesivas ocasiones.

Su afán por instaurar el catalán en el ámbito judicial le ha valido el reconocimiento de los círculos catalanistas e independentistas, incluyendo el Govern balear presidido por la socialista Francina Armengol que ha aplaudido esta sentencia.

El mismo año en que Fiol ascendía a la presidencia de la Sala de lo Contencioso, fue galardonado con el premio Agustí Juandó i Royo que concede el Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña (CICAC) por su trayectoria profesional distinguida por promover el uso del catalán en el ámbito jurídico.

Apuntar sobre el particular que, en la última entrega de estos premios celebrada el pasado mes de octubre, este galardón recayó en Rut Carandell: abogada, mediadora y actual directora del chiringuito independentista ampliamente subvencionado por la Generalitat y el Govern balear de la socialista, Francina Armengol, Plataforma por la Lengua.

En el caso de Fiol, dos años después de obtener ese reconocimiento por parte de los abogados catalanes, en concreto en diciembre de 2010, era galardonado por la mayor entidad independentista balear, la OCB, que le concedía el premio Gabriel Alomar por idéntico motivo: promover el uso del catalán en el ámbito jurídico.

Con esos dos galardones de pedigrí catalanista bajo el brazo, y asentado en la presidencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Fiol también tendrá su protagonismo en la legislatura 2011-2015 bajo la presidencia del presidente del Govern del PP, José Ramón Bauzá, que puso contra las cuerdas todo el entorno independentista catalán en las Islas, con su apuesta decidida por el trilingüismo, aprobando el denominado decreto del Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) .

El TIL acabó los tribunales, y como no podía ser de otra manera, en la Sala de lo Contencioso presidida por Fiol, tumbó el decreto «en una sentencia muy floja jurídicamente», según la asociación de profesores Plis. El Govern de Bauzà recurrió ante el Tribunal Supremo pero el nuevo Ejecutivo de Armengol retiró por conveniencia política tras llegar al poder en 2015.

De hecho esta entidad recusó sin éxito a Fiol en el contencioso interpuesto contra el Govern y la Obra Cultural Balear (OCB) para conseguir la aplicación del 25% en los proyectos lingüísticos de los centros educativos de Baleares.

En un comunicado este colectivo de docentes considera que el último dictamen judicial de la Sala de los Contencioso presidida por Fiol, es el último ejemplo de «un prejuicio preocupante», y si persiste en negar la aplicación a Baleares de la jurisprudencia del 25% en un centro que aplica inmersión de facto, «estará violentando el ordenamiento jurídico, de lo que tendrá que dar cuenta ante el Tribunal Supremo».