El abogado de Pilar Bonet defiende que nadie la ha denunciado y que no ha cometido ningún delito

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 14/02/2024 18:30
  • Actualizado: 14/02/2024 18:30

El abogado de la ya ex consellera de Hacienda del PP en el Consell de Mallorca, Pilar Bonet, obligada a dimitir la semana pasada al ser involucrada en un supuesto desfalco millonario en su etapa como trabajadora de una empresa privada de handling, defiende que nadie la ha denunciado y que no ha cometido ningún delito.

En un comunicado en defensa de la ex política del PP, el bufete de abogados que la representa considera que «ante el devastador daño que ya han generado» a su cliente, «nos vemos en la necesidad, en aras a la verdad y a la correcta formación de la opinión pública y a los elementales derechos de nuestra representada», en primer lugar, a precisar que «no es cierto que, como han publicado diferentes medios, Bonet haya cometido delito alguno».

Ante esta situación, los letrados de Bonet advierten que se hacen «expresa reserva de emprender acciones contra quienes han afirmado todo lo contrario, o lo hagan en un futuro».

Para los abogados de Bonet, el impacto mediático de «datos falsos, sesgados o deformados» calculadamente filtrados, por quienes dispondrían de los mismos, ha generado «un ingente daño a la salud, honor, dignidad, imagen e intimidad de Bonet y su familia».

Sobre este particular, el comunicado del bufete que la representa, lamenta que «la calculada y contumaz aniquilación de su reputación ha creado una posverdad y perjuicio de culpabilidad tan potente que ha hecho quebrar su salud, causando su baja médica laboral con necesidad de tratamiento».

Por todo ello los abogados califican de «absolutamente kafkiana» la situación de la ex consellera. «Por un lado, desconoce la existencia de queja, reclamación o denuncia alguna contra su persona. Sin embargo, se le ha obligado a dimitir forzosamente de su cargo público, sin habérsele dado dato concreto alguno que lo justifique, y siéndole materialmente imposible defenderse».

Para más inri subrayan en la nota, «se publican de forma progresiva infinidad de supuestos datos reservados que estarían siendo revelados con internacionalidad incriminatoria, sobre una hipotética investigación, pese a que no existe ni proceso judicial, ni tan siquiera investigación policial real iniciada».

«En una calculada denuncia mediática se estarían instrumentalizando medios en una suerte de justicia privada paralela, ejercida contra el denunciado sin el precio e imparcial control de juez legal».

De esta forma, «el linchamiento mediático ya ha inoculado el prejuicio de culpabilidad, y conseguido la muerte civil de la víctima señalada».

Por ello exigen a los medios de comunicación la ética, rigor y el cese inmediato de la publicación de datos que contribuyan a tan injusta situación, y «que sea respetado el derecho a la presunción de inocencia», tan poco respetado en muchos casos judiciales, que luego acabaron en nada.

«En el caso de la señora Bonet, ni tan siquiera existe proceso judicial contra su persona, pero su condena social ya está dictada».

Hay que recordar que el pasado viernes el presidente del Consell de Mallorca, el popular Llorenç Galmés, hizo dimitir la consellera de Hacienda y Función Pública al verse implicada en ese supuesto caso de malversación cuando trabajaba en el sector privado, concretamente, en una empresa  de handling con sede en Mallorca.

La compañía habría descubierto que algo iba mal en las cuentas, e inició una auditoría en la que se habría constatado un supuesto desvío de cerca de dos millones de euros. En consecuencia, la empresa abrió una investigación interna para identificar a los implicados en el delito.

La ex consellera Bonet fue sustituida por Rafael Bosch como nuevo conseller de Hacienda y Función Pública el pasado sábado.

En relación con este caso, el diputado independentista de Més-Sumar, Vicenç Vidal, ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas con la intención de aclarar si el presunto delito cometido podría haber afectado a la aportación de capital público.