Vox exige a la Junta de Andalucía que la caza sea una actividad esencial para que no sufra restricciones
Vox Andalucía ha exigido a la Junta de Andalucía que declare la caza como una actividad esencial de cara a que no sufra ningún tipo de restricción de cara a frenar el coronavirus, como sí parece que sufrirá, por ejemplo, el sector hostelero.
Vox ha registrado una proposición no de Ley en el Parlamento, para su debate en la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en la que se pide declarar la caza como actividad esencial para que no se detenga su actividad como consecuencia de las restricciones por la pandemia del Covid-19, permitiendo así la libre movilidad de los cazadores que estén practicando dicha actividad.
«Actualmente, la caza en España tiene un beneficio de 6.475 millones de euros con un retorno fiscal de 614 millones», según ha explicado en un comunicado el parlamentario de Vox Rafael Segovia, quien ha apuntando que a eso hay que sumarle que en Andalucía hay más de 256.000 cazadores con licencia que generan unos 45.000 empleos, mientras que los cotos y espacios naturales dedicados a la actividad cinegética en la región superan los 7.500.
Asimismo, el parlamentario por Huelva ha destacado que «más allá del impacto económico, que también contribuye al arraigo poblacional en zonas rurales amenazadas por la despoblación, la cacería supone un control de la sobrepoblación de las especies y de las enfermedades que las afectan así como el cuidado, la gestión y el mantenimiento del medio natural».
Por ello, el grupo parlamentario Vox quiere demostrar una vez más su compromiso con la actividad cinegética y con todos los cazadores a través de una iniciativa en la que se pide que el Parlamento inste a la Junta a que declare la caza como actividad esencial y permita el libre desplazamiento de los cazadores entre su residencia y el lugar donde se desarrolle la cacería.
Se pide también al Ejecutivo que los desplazamientos puntuales de cazadores sean considerados como una de las excepciones a las posibles normativas de confinamiento, conforme a la normativa de la comunidad autónoma y siguiendo las guías de bioseguridad para la prevención del Covid-19 promulgadas por las autoridades competentes.
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