La viuda del cabo ahogado en Cerro Muriano pide a Defensa suspender a los tres mandos militares imputados
La defensa del cabo acusa al coronel de permitir que el capitán siga formando uniformado con sus compañeros
El juzgado militar ya rechazó la petición de prisión provisional para el capitán, el teniente y el sargento
La viuda del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, ahogado junto al soldado Carlos León Rico durante un ejercicio militar en la base de Cerro Muriano (Córdoba) el pasado 21 de diciembre, ha remitido un escrito a la ministra de Defensa, Margarita Robles, solicitándole la «suspensión de funciones» de los mandos encausados -capitán, teniente y sargento- por las muertes de los dos militares.
En dicho escrito, el abogado de la viuda ha argumentado que, «habiéndose dictado» por parte del Juzgado Togado Militar de Sevilla un auto por el que se abre «sumario contra el capitán, el teniente y el sargento» de la Brigada Guzmán el Bueno X «como presuntos responsables de un delito contra la eficacia del servicio (…), interesamos que se dicte la resolución oportuna por la que se suspenda de funciones» a los tres mandos militares.
El capitán, el teniente y el sargento, tal y como precisa el letrado en su escrito a la ministra, han sido «ya citados» para prestar «declaración como investigados en sede judicial» por el juzgado militar que instruye el procedimiento abierto, por lo que la representación letrada del cabo pide la «suspensión de funciones» de los mandos encausados «una vez desestimada por el Juzgado Togado Militar Territorial nº 21 con sede en Sevilla la solicitud de prisión preventiva» que se había presentado previamente.
Piden investigar al coronel
Junto a ello, y «al tener conocimiento esta parte de que el coronel jefe del Regimiento consiente la participación del capitán en las formaciones diarias, interesamos que se inicie una investigación contra el citado coronel jefe, ya que, teniendo conocimiento de los desgraciados hechos ocurridos el pasado 21 de diciembre en la base de Cerro Muriano, y siendo conocedor de que el capitán, el teniente y el sargento pudieran ser presuntos responsables de unos hechos ilícitos, consiente la participación de los encausados, o por lo menos del capitán, en la formación diaria» uniformado.
En el escrito dirigido a Robles se alude, respecto a la solicitud de suspensión de los mandos, al «artículo 111 de la vigente Ley de la Carrera Militar», que dice así: «El pase a la situación de suspensión de funciones del militar profesional se podrá acordar como consecuencia del procesamiento, inculpación o adopción de alguna medida cautelar contra el imputado en un procedimiento penal o por la incoación de un procedimiento disciplinario por una falta muy grave».
Por ello, el abogado solicita a la titular de Defensa que «tenga por presentado este escrito y dicte la resolución oportuna por la que ordene la suspensión de funciones del capitán, del teniente y del sargento» implicados en el fatal ejercicio.
También le pide que emita el coronel jefe del Regimiento de La Reina 2 un informe «donde manifieste si es cierto que el pasado 5 de marzo de 2024 el capitán formó ese día por la mañana junto a sus compañeros. En caso de negativa por parte del coronel, interesamos que por parte de la Brigada se emita informe de todos los militares que el pasado 5 de marzo por la mañana se encontraban en formación junto al capitán bajo las órdenes del coronel jefe del Regimiento».
Junto a ello, y «en caso de ser afirmativo que el capitán, teniente o sargento estuvieran en formación» dicha jornada, «interesamos que se requiera a cada uno de los militares que componían la formación de aquel día para que manifiesten si es cierto que los encausados participaron en ella».
Finalmente, también se solicita que se emita un informe «por el general de la Brigada donde haga constar la situación de servicio en la que se encuentran los encausados», es decir, el capitán, el teniente y el sargento, «y si acuden a su lugar de trabajo».
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