El sindicato de estudiantes de Andalucía exige eliminar la Selectividad por ser «clasista»

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Alumnos durante un examen de Selectividad.

El Sindicato de Estudiantes de Andalucía reclama eliminar la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU, la antigua Selectividad) al considerarla «una prueba absolutamente clasista». Además, y «aunque siguen señalando que el problema fundamental es la propia existencia» de estos exámenes, piden la gratuidad de las tasas.

Así se ha pronunciado en declaraciones a Europa Press la secretaria general del Sindicato de Estudiantes de Andalucía, Ainoa Murcia, quien ha destacado que siempre han señalado que «es una prueba absolutamente clasista que tiene como objetivo impedir que miles de hijos de familias trabajadoras accedamos a la universidad y a la educación superior», porque la realidad es que «aunque hemos aprobado los dos cursos de Bachillerato, no se nos permite acceder con nuestras notas a la universidad, porque no hay plazas para todo el mundo que quiera seguir con su formación».

Por lo tanto, recuerda que desde el Sindicato de Estudiantes «ya exigimos además el curso pasado, en el marco de toda la situación que estamos viviendo, que era absolutamente necesario eliminar esta prueba clasista». Pero, además, «hay otra cuestión que señala también su carácter de clase, cuando se mantiene esta prueba y cuando además se plantea que para poder realizarla tenemos que pagar unas tasas que para muchas familias es absolutamente imposible».

«Estamos hablando de tasas que en Andalucía superan con crece los 50 euros y para las familias que están en una situación económica complicada abonar este dinero para poder presentarse a estas pruebas es en muchos casos imposible», señala Murcia, quien añade que «hay estudiantes que se ven obligados a no presentarse a la Selectividad».

De ese modo, desde el sindicato «exigimos eliminar estas tasas», pero «vamos un paso más allá y seguimos señalando que el problema fundamental es la propia existencia de esta prueba» y que lo que «necesitamos no es la Selectividad y una nueva traba para acceder a los estudios superiores, sino una universidad pública, de calidad, que tenga plazas suficientes para todo el mundo y que sea realmente una universidad inclusiva que no deje absolutamente a nadie atrás».

Esta misma semana, la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae) pidió la gratuidad de las tasas para poder realizar los exámenes de la EBAU dado sus «altos precios» y el agravio que existe entre comunidades autónomas. «Las pruebas que reciben el nombre de PAU, EBAU o EvAU, antes conocida como Selectividad, siguen suponiendo un verdadero problema para familias y estudiantes con una situación económica más vulnerable», expuso.

Por otra parte, la Comisión de Salud Pública, en la que se encuentran representadas todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, aprobó este martes la actualización de las ‘Medidas de prevención e higiene frente a Covid-19 para la realización de la evaluación del Bachillerato para el acceso a la Universidad (EBAU) 2021 y de otras pruebas de similares características convocadas en el ámbito de las enseñanzas no universitarias’.

En dicho documento, que recoge medidas generales de prevención de la transmisión, así como medidas específicas para la organización de la prueba y la protección de la salud del alumnado, profesorado y personal trabajador, se recomienda asegurar una distancia de 1,5 metros y ventilar 15 minutos antes las clases.

Pero también hace hincapié en que no podrán acceder al centro de examen aquellas personas con síntomas compatibles con la Covid, aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad (aunque no presenten síntomas) y aquellas que no hayan finalizado el periodo de aislamiento domiciliario requerido o se encuentren en periodo de cuarentena por haber tenido contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de Covid.

El documento, sin embargo, no especifica cómo actuar con los estudiantes afectados por alguna de las circunstancias anteriores, debido a que la resolución de estas situaciones es competencia de las universidades y las comunidades autónomas.

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