Seis detenidos, uno de ellos funcionario, por falsificar empadronamientos para favorecer la inmigración irregular en Almería

Seis personas han sido detenidas, entre ellas un funcionario del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería), por su presunta implicación en una trama dedicada, entre otras actividades ilícitas, a falsificar empadronamientos y elaborar contratos de alquiler supuestamente fraudulentos en viviendas del Poniente almeriense.

Según confirmaron fuentes judiciales, la Sección Civil y de Instrucción número 2 del Tribunal de Instancia de Berja acordó el pasado jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de dos de los arrestados, investigados por varios delitos vinculados a la inmigración irregular y la falsedad documental.

Entre los detenidos que han quedado en libertad provisional figura un trabajador municipal del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, al que se le atribuyen de forma provisional delitos de cohecho pasivo y prevaricación administrativa por su presunta participación en la red.

La operación ha sido desarrollada esta semana por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Policía Nacional, que ha practicado diversas detenciones y registros. En el marco de la investigación también han sido arrestados varios agentes comerciales, posteriormente puestos en libertad con medidas cautelares.

La causa se instruye por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por favorecimiento de la inmigración irregular, falsedad documental, defraudación a la Administración y cohecho activo.

A lo largo de la instrucción se concretará el grado de participación y los delitos atribuidos a cada investigado. Los encausados en libertad deberán comparecer en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes, tienen retirado el pasaporte y no podrán salir del territorio nacional.

Este caso se suma a otro procedimiento aún pendiente de juicio, en el que están implicadas 24 personas detenidas en 2017 por una supuesta red que habría obtenido beneficios a partir de la regularización de inmigrantes no comunitarios. Entre los investigados figura otra funcionaria del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, que se enfrenta a una petición de cinco años de prisión y 13 de inhabilitación.