Muere un preso en una cárcel de Cádiz tras ingerir grandes cantidades de droga

Un preso en la cárcel de Botafuegos, en Algeciras (Cádiz), ha muerto tras haber consumido grandes cantidades de hachís y heroína, precisamente cuando los servicios de atención a la drogodependencia de esta prisión, entre otras, se han suspendido por falta de un marco legal.

Se trata del segundo preso que muere en menos de un mes en las mismas circunstancias en las prisiones de la provincia de Un preso en la cárcel de Botafuegos, en Algeciras (Cádiz), ha muerto tras haber consumido grandes cantidades de hachís y heroína, precisamente cuando los servicios de atención a la drogodependencia de esta prisión, entre otras, se han suspendido por falta de un marco legal después de que el pasado 20 de mayo otro recluso de 34 años falleciera en la cárcel de Puerto III, en El Puerto de Santa María (Cádiz), horas después de que, tras un «vis a vis», presuntamente ingiriera una bola de droga.

Ambas muertes se producen en un momento en la que las Unidades de Apoyo de Drogodependencias a reclusos de los centros penitenciarios de Puerto II y Botafuegos de la provincia de Cádiz han dejado de prestar servicio «a causa de la falta de un marco legal que de seguridad jurídica a la presencia de esta unidad que gestiona la Diputación en centros penitenciarios», según ha informado la Diputación Provincial de Cádiz.

El diputado de Bienestar Social, David de la Encina, ha explicado en una nota de prensa que la intención es volver a ofrecer este servicio «tan pronto como lo resuelva la administración competente en drogodependencia, la Junta de Andalucía, en acuerdo con Instituciones Penitenciarias».

Los sindicatos Acaip y UGT han recordado hoy que es «del todo incomprensible» que «a pesar de que todas las partes implicadas (Diputación de Cádiz, Junta de Andalucía y Ministerio del Interior) eran conocedoras de que el Convenio de colaboración de ayuda a la drogodependencia estaba caduco» estas administraciones no se hayan puesto de acuerdo para elaborar «un nuevo convenio dentro de un marco legal» evitando que el mes de mayo estas unidades tuvieran que salir de centros penitenciarios como los de Botafuegos y Puerto II.

«También se hizo saber que se generaba un grave problema y que uno de los grandes perjudicados serían los internos con problemas de toxicomanías porque no se les podría dispensar el programa tratamental que requieren y que resulta indispensable para su reinserción a la sociedad», explican.

La Diputación Provincial de Cádiz ha aclarado que la situación afecta «a la totalidad de la Comunidad Autónoma» y «tiene que ver con la reorganización a nivel andaluz que está encarando la Junta de Andalucía para que este servicio se preste bajo el mismo procedimiento en toda la región».

«Desde 2019, año en que el nuevo Gobierno presidido por Moreno Bonilla trató de acometer esta reforma y dejaron de renovarse automáticamente los convenios para la atención a la drogodependencia vigentes desde 1985, la Diputación, que no es competente en esta materia, no dispone de un marco normativo que regule las condiciones en que presta este servicio ni avale su presencia en las prisiones», explica.

La Diputación Provincial de Cádiz insiste en que este servicio, que la institución despliega desde hace 30 años, «es de gran utilidad», por lo que espera que la Junta resuelva la cuestión competencial y asegure «la financiación a través de un programa uniforme para todas las prisiones», incluso para que se pueda extender a otras cárceles como la de Puerto III.