Campo de Gibraltar

Marlaska deja sin chalecos antibalas a 235 guardias civiles en territorio narco del Campo de Gibraltar

Guardias civiles
Guardia Civil
David García de Lomana

El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska ha dejado sin chalecos antibalas a 235 guardias civiles destinados en el Campo de Gibraltar (Cádiz), zona de especial conflictividad. En territorio del narcotráfico, los agentes sufren constantes ataques de organizaciones criminales que embisten a patrullas en persecuciones e incluso han llegado a abrir fuego contra los furgones.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha denunciado que el servicio de armamento y equipamiento policial de la dirección general de la Guardia Civil anunció la compra de este medio de autoprotección para cumplir con la instrucción que aprueba el III Plan Especial de Seguridad, pero no han recibido ofertas «admisibles» para la dotación de 235 chalecos antibalas internos.

La AUGC lleva meses reclamando que el Campo de Gibraltar sea declarado zona de especial singularidad por la escalada de violencia vinculada al narcotráfico, exigiendo más efectivos y medios materiales.

En una nota, el sindicato de la Guardia Civil ha señalado que después de dos meses para que las empresas presentasen sus respectivas propuestas, la mesa de contratación ha acordado declarar «desierto» el expediente «al no existir ninguna oferta o proposición que sea admisible», según figura en el acta oficial.

La AUGC ha explicado que el Instituto Armado requería 235 chalecos antibalas internos con panel balístico frontal y dorsal, así como la funda exterior y la bolsa para su transporte, material que iría destinado en su totalidad a las unidades del Campo de Gibraltar, concretamente a 188 hombres y 47 mujeres.

Se pretendía así dar cumplimiento a parte de la Instrucción 3/2022 de la Secretaría de Estado de Seguridad con la que se aprobó el III Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar. «Tenerlo o no puede significar la vida o la muerte ante los impactos de armas de fuego que se pudieran producir en servicios e intervenciones, pero parece que la cuestión no tiene la misma importancia para la Administración», lamenta el sindicato de la Guardia Civil.

Los chalecos antibalas que pretendía comprar el servicio de armamento y equipamiento policial de la dirección general de la Guardia Civil debían tener un coste unitario de 350 euros, según la AUGC. De formalizarse el contrato con alguna empresa, añaden, la cuantía total ascendería a 99.522,50 euros, 17.272,50 de los cuales corresponden al IVA.

En este sentido, la AUGC concluye indicando que el dinero con el que se afrontaría el gasto procede de una de las partidas asignadas en los Presupuestos Generales del Estado, «pero seguirá en las arcas públicas a pesar de la necesidad de este medio de autoprotección vital».

Huelva

En otro orden de cosas, y después de que una agente de la Benemérita fuera agredida por un inmigrante de origen subsahariano durante una intervención en un poblado chabolista de Lepe (Huelva), efectivos de la Guardia Civil de Huelva han denunciado a OKDIARIO Andalucía el reciente hallazgo de armas de fuego en operaciones y detenciones relacionadas con alijos de droga, además de embestidas a vehículos.

Concretamente, según explican las citadas fuentes, una persecución de 20 kilómetros acabó la pasada semana con un todoterreno de los narcos estrellado cerca de la comandancia de la Guardia Civil. Los delincuentes, tras ser sorprendidos en un alijo, habían arremetido anteriormente contra la patrulla.

«La criminalidad está aumentando, especialmente la relacionada con el narcotráfico y la inmigración», denuncian, poniendo el «foco» en el citado barrio chabolista de Lepe. Las incautaciones por armas de fuego y la «agresividad» de los narcos de la zona están aumentando considerablemente.

Además, exigen nuevamente la declaración de zona de especial singularidad para, entre otras, las provincias de Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Almería, así como Ceuta y Melilla, «que vienen padeciendo el azote del narcotráfico y los movimientos migratorios masivos», a fin de que sean consideradas como comandancias con «peculiaridades especiales» y sean dotadas de «más y mejores medios».

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