Mario Samper, portavoz de víctimas de Adamuz: «Puente debería haber dimitido hace tiempo, pero ningún pez gordo pagará»

Casi un mes después del accidente ferroviario de Adamuz, las víctimas decidieron crear un grupo de apoyo en redes sociales con el objetivo de ayudar con los distintos problemas que surgirían después del fatídico suceso: recuperación de enseres, bajas laborales o informar al resto de víctimas y familiares. Con el paso de los días, se planteó la posibilidad de pasar de grupo a asociación y, el pasado 25 de febrero, se decidió constituir la Asociación de Víctimas Descarrilamiento Adamuz.

«Ahora tenemos otros fines como son interponer una demanda por la responsabilidad penal, que es en la que creemos que ha incurrido en este caso Adif».

Tras los últimos acontecimientos con respecto al material sustraído por Adif, el portavoz de la Asociación Mario Samper ha expresado en conversación con OKDIARIO su estupor ante tal noticia. La Guardia Civil denunció que personal de Adif se llevó durante la madrugada del 23 de enero material de las vías de la zona del siniestro, sólo cuatro días después del suceso y sin solicitar ningún permiso.

Contenido oculto

Una de las preguntas que más se ha formulado gran parte de la ciudadanía y que rememora lo sucedido tras el atentado terrorista del 11-M donde fueron sustraídas pruebas, es qué motivó al personal de Adif a actuar de manera encubierta.

Samper lo tiene claro y, para él, «Adif quiere ocultar información, como así lo certifica la propia Guardia Civil. Se está ocultando información en el sentido de que incluso hay pruebas que se han trasladado, se han retirado de donde estaban sin autorización judicial y esto es una muestra clara de que efectivamente es así».

Esta circunstancia ha hecho que la Asociación lleve el asunto a los tribunales para esclarecer los motivos que incitaron a Adif a sustraer sin previo aviso pruebas y a «contaminar» material probatorio que puede acabar beneficiando a quienes las llevaron a cabo. «Si se ha incurrido en una responsabilidad penal, lógicamente el juzgado tendrá que actuar en consecuencia y, si tiene que ir a la cárcel alguien, lógicamente tendrá que ir, como si es el ministro de Transportes. Esto no debe quedar impune».

Dimisión de Óscar Puente

A pesar de que el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz se saldó con 46 muertos y decenas de heridos, el ministro de Transportes siempre ha rechazado dimitir, a pesar de que muchas de las víctimas o sus familiares pidieron su retirada.

Para Puente, lo sucedido no le resta «ninguna capacidad para seguir en el cargo». Sin embargo, Samper, con hastío, ha decidido responder al ministro un mes después del accidente. «Algunos deberían haber asumido ya responsabilidades. El ministro debería haber dimitido hace tiempo, al igual que el presidente de Adif, y no sólo por el accidente, sino por lo que ha hecho después, al retirar y ocultar pruebas del accidente».

A diferencia de la ministra de Interior de Portugal, María Lúcia Amaral, que dejó su puesto por los errores cometidos en la gestión de los temporales, en España nadie parece estar dispuesto a dar ese paso.

Como ha podido manifestar a este medio el portavoz de la Asociación, «ningún pez gordo pagará por esto». Si bien confía en la Justicia, el único mal recuerdo similar que guarda en su memoria es el accidente de Angrois, donde el descarrilamiento dejó 80 fallecidos  y más de 140 heridos.

El Accidente de Angrois ocurrió el 24 de julio de 2013, cerca de Santiago de Compostela (Galicia) cuando un tren Alvia que cubría la ruta Madrid–Ferrol descarriló en la curva de A Grandeira debido a que circulaba a casi 190 km/h, superando ampliamente el límite de 80 km/h. Se determinó que la distracción del maquinista y la excesiva velocidad en la curva fueron las causas principales del siniestro, considerado el accidente ferroviario más grave en España en la era democrática.

«En Angrois echaron el muerto al maquinista y todos sabemos que había más piezas en el suceso, más culpables. Sólo el maquinista fue a la cárcel y el ministro que estaba en aquel entonces hoy es consejero de gas natural».

Manifestaciones en puntos clave

Por unanimidad, la Asociación ha acordado convocar concentraciones en los tres puntos clave del accidente. Las manifestaciones se celebrarán en las tres ciudades de origen y destino de los trenes implicados: Málaga, Huelva y Madrid. Samper no confirma fechas, pero asegura que serán dentro de «un par de semanas».

Con estas movilizaciones, las víctimas únicamente buscan «saber la verdad». No desean que este asunto se politice; sin embargo, se muestran dolidas por las últimas actuaciones del presidente Sánchez y aspiran a «presionar al Gobierno de España para que no haya contaminaciones y se sepa la verdad».

Tal y como señala Samper, aunque no quiere convertir este hecho en una cuestión partidista, considera que «la actuación del Presidente ha sido un tanto nefasta, tanto por sus manifestaciones en el Parlamento como por la falta de contacto con nosotros».

Ayudas a las víctimas

En la mañana del este jueves, el Congreso votó la aprobación de las ayudas destinadas a las víctimas del accidente de Adamuz. La sesión dejó una imagen inesperada: la única diputada que votó en contra fue la ministra de Hacienda y candidata a las próximas elecciones andaluzas, María Jesús Montero.

Este real decreto fija las cantidades que recibirán las víctimas del accidente de Adamuz. En el caso de los familiares de las personas fallecidas, cada familia percibirá 216.000 euros. El pago se efectuará en un plazo inferior a tres meses y se distribuirá de la siguiente manera: 72.000 euros corresponderán a una ayuda directa del Estado, exenta de tributación; otros 72.000 euros se abonarán como anticipo del seguro de responsabilidad civil; y los 72.000 euros restantes procederán del seguro obligatorio.

En el caso de las personas heridas, la cuantía de las ayudas variará en función de la gravedad de las lesiones. Las cantidades previstas oscilan entre 2.404 y 84.141 euros. Estos importes pueden llegar a triplicarse al sumar las coberturas del seguro de responsabilidad civil y del seguro obligatorio. De este modo, una persona con lesiones muy graves y secuelas importantes podría percibir hasta 252.000 euros.

Mario, portavoz de la asociación de víctimas, subraya el impacto humano que deja la tragedia y explica a este periódico que «la vida nos ha cambiado a todos y yo preferiría no cobrar nada, pero volver a mi vida normal, porque ya nunca va a ser la misma». Aunque reconoce que ninguna indemnización podrá reparar la pérdida de los 46 fallecidos ni el sufrimiento de sus familias, insiste en la urgencia de que las ayudas se materialicen cuanto antes. «Hay personas cuya situación laboral ha cambiado por completo, que no tienen recursos económicos y lo están pasando bastante mal», concluye.