Inmigrantes ilegales mayores de edad entran en centros de menas en Jaén para lograr la nacionalidad

El Informe Anual de la Fiscalía publicado este lunes ha denunciado determinadas prácticas de inmigrantes ilegales que entran en España para, aún siendo mayores de edad, entrar en los centros de Menores Extranjeros No Acompañados (Menas). Jaén, ir más lejos, es una de las provincias andaluzas afectadas.

Desde la Fiscalía ponen en valor la labor de la Policía Nacional en este ámbito, ya que es la encargada de realizar las pruebas de ADN para determinar el vínculo familiar entre los menores y adultos que manifiestan ser familia sin pruebas fehacientes. En este sentido, señala que se han practicado 650 pruebas en 2019, de las que 574 dieron un resultado positivo, confirmando el vínculo de filiación y 36 están pendientes.

Sobre este tema, el documento reconoce que se han localizado nuevas fórmulas irregulares o ilícitas que están dilatando y distorsionando el sistema, que han dado lugar a la presentación de denuncias penales. Como ejemplo, pone el caso recogido por la Fiscalía de Jaén, en el que algunos extranjeros alegan ser menores para ir a un centro y solicitar allí el asilo, desvelando después que son mayores de edad, una vez que ya se les ha otorgado. «Lo hacen así porque en los centros de menores les consiguen el pasaporte y otra documentación con mayor agilidad, al contar con asesoramiento», apunta la Fiscalía.

Más graves, apunta, fueron los casos denunciado por la Fiscalía de Las Palmas, tras observar que personas mayores de edad, que incluso estuvieron condenadas a penas privadas de libertad en España y cuya pena fue sustituida por expulsión, regresaban a España en patera y manifestaban ser menores de edad. En estos casos, la reseña no se hace de manera inmediata, puesto que no hay personal suficiente para cotejar las huellas.

Con este documento, la Fiscalía quiere mostrar la importancia del registro de estos menores no acompañados, como «un instrumento fundamental en la protección, identificación y documentación de los menores». Sin embargo, reconoce que, «para que logre su plena eficacia» es necesario que «quienes deben alimentarlo transmitan con la celeridad adecuada los hechos o actos inscribibles».

«Así se hace, normalmente, cuando el dato relevante depende de los miembros del Ministerio Fiscal», se defiende el organismo, que denuncia, sin embargo, que en ocasiones «se producen déficits» de información cuando este procedimiento se asume por parte de «otras instituciones», como entes autonómicos, que «no comunican con el rigor preciso y sin retrasos» los datos obtenidos del menor, «a pesar de que son trascendentes», explica la Fiscalía, para «ubicarlo».