El inmigrante que mató a navajazos a un sacristán en Jaén: «Me echó de la iglesia y fui a vengarme»

• David García de Lomana @lomanadavid
• Redactor en OKDIARIO Andalucía. Antes en COPE y MARCA Plus.
• • 05/11/2024 13:27
  • Actualizado: 06/11/2024 14:34

La Audiencia Provincial de Jaén ha iniciado este lunes el juicio con jurado popular contra el acusado de asesinar a navajazos en 2021 a Francisco Zúñiga, sacristán de una iglesia de Alcalá la Real (Jaén). El asesino confeso, un varón rumano de 36 años, ha admitido que lo mató por «venganza» por echarle de la parroquia donde pedía dinero. La Fiscalía pide 20 años de prisión.

«Fui a matarlo porque me echó de la iglesia y fui a vengarme», ha manifestado el acusado a preguntas del fiscal y de su abogado defensor, interrogatorio en el que ha declarado asistido por una intérprete rumana tras sostener que no entiende ni habla bien español.

El acusado ha confesado que tras ser expulsado de la parroquia de Santa María la Mayor se fue a un bar a esperar a que el sacristán saliese del templo. Posteriormente se abalanzó sobre él y comenzó a asestarle navajazos, primero en la cabeza y seguidamente por todo el torso. Después se marchó a su casa, donde vivía con otros tres compañeros más, a los que no comentó nada de lo ocurrido. A las pocas horas, fue detenido en las escaleras de su edificio cuando salía a «comprar cerveza». Tenía restos de sangre en su ropa.

A preguntas de su abogado defensor, el acusado ha reconocido que su intención era «matar» al sacristán por echarle de la iglesia. La Comandancia de la Guardia Civil de Jaén informó en su día de que el asesino confeso se encuentra legalmente en nuestro país.

El asesinato

Según recoge el escrito de calificación de la Fiscalía, los hechos tuvieron lugar la tarde del 26 de febrero de 2021, entre las 20:00 y las 21:00 horas, a las puertas de la citada parroquia, conocida también como la iglesia de La Consolación, donde el acusado pedía dinero a la entrada y salida de misa y la víctima ejercía las funciones de sacristán.

El párroco recomendó al acusado que se colocase la mascarilla facial obligatoria en aquella época (pandemia), o, en caso contrario, se abstuviera de acceder a la iglesia. Tras su negativa, se inició una discusión en la que el procesado «comenzó a dirigir múltiples golpes y puñetazos» a la víctima, un hombre de 52 años que padecía cierto grado de discapacidad psíquica.

Durante la discusión, según el relato del Ministerio Público, el acusado sacó una navaja que llevaba guardada entre su ropa y asestó «numerosas puñaladas» al sacristán, alcanzándole «en la práctica totalidad de su torso y en la cabeza, impidiendo que pudiera haber llegado a defenderse en modo alguno».

La causa de la muerte dictaminada por los forenses fue shock hemorrágico-hipovolémico (pérdida rápida e importante de sangre) como consecuencia de «las múltiples heridas ocasionadas por los repetidos y violentos navajazos».

Los testigos que presenciaron la agresión mortal han declarado que el acusado sólo dejó de apuñalar al sacristán cuando le dijeron que iban a llamar a la Policía. También han coincidido en señalar que el procesado abandonó el lugar «andando y tranquilo».

¿Enajenado o psicópata?

La descripción de los testigos sobre el autor del crimen llevó a su detención pocas horas después de los hechos. Desde entonces, el acusado ha permanecido en prisión preventiva a la espera del juicio. En enero de 2023 se acordó la prórroga de la prisión provisional.

Frente a los 20 años de prisión que reclama la Fiscalía, la defensa ha pedido la inimputabilidad del acusado, argumentando que «no era consciente» de lo que hizo y actuó «enajenado» por padecer un «trastorno polimorfo de la personalidad». Según su defensa, tenía una «visión distorsionada» de la realidad y «no era consciente de la ilicitud del hecho».

El Ministerio Fiscal ha defendido la imputabilidad del acusado, puesto que «los psicópatas tienen la voluntad y el conocimiento de saber lo que está bien o está mal», lo que les falta es «empatía». Además, ha recordado que el procesado fue condenado en 2019 por acuchillar a un compañero de piso al que le rajó la cara, esta vez en Córdoba.

Siete mujeres y dos hombres conforman el jurado popular encargado de dar el veredicto sobre la presente causa. Durante la jornada de este lunes y martes está prevista la declaración de los testigos, mientras que la pericial se desarrollará este miércoles.

Además de la pena de prisión por un delito de asesinato, la Fiscalía reclama que el acusado indemnice al hermano del fallecido en 40.000 euros.