La familia del doble crimen de El Torrejón critica que «el jurado popular no está capacitado para resolver delitos»

Aníbal Domínguez, hermano y tío de las víctimas del doble crimen ocurrido en Almonte (Huelva), ha afirmado que la disolución del jurado popular, que se mostró «incapaz» de emitir un veredicto tras el juicio por la muerte en 2020 de un hombre y su hija en el barrio de El Torrejón de Huelva durante una pelea, y que obliga a repetir el juicio, «no es un hecho aislado ni anecdótico», sino que pone de manifiesto un problema estructural profundo.

Domínguez ha expresado en un comunicado que el jurado popular, «tal como está concebido en España, no está capacitado para resolver con garantías delitos de extrema gravedad» y que el caso de El Torrejón «debería en realidad encender todas las alarmas sobre la fragilidad de este modelo».

El propio Aníbal explica que hace esta reflexión «no desde la teoría», sino «desde el dolor y la experiencia directa de un sistema que falló de manera irreversible». Recuerda que en abril de 2013, María y Miguel Ángel fueron «brutalmente asesinados» y que el principal sospechoso fue «investigado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, detenido y mantenido en prisión preventiva durante tres años».

Durante ese período, su defensa pidió «hasta en cinco ocasiones su libertad», pero «todas y cada una de esas solicitudes fueron rechazadas» tanto por el juzgado de instrucción, la Audiencia Provincial, como por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. «Es decir, todo el engranaje policial y judicial, incluyendo órganos profesionales y especializados, coincidía en la existencia de indicios sólidos que justificaban su permanencia en prisión», ha detallado.

«Sin embargo, cuando el caso llegó al jurado popular, todo ese trabajo, todo ese peso probatorio y todo ese criterio técnico fueron borrados de un plumazo por un veredicto de no culpabilidad absolutamente arbitrario y anoréxico de fundamentación y rigor jurídico», incide en el comunicado.

Jurado popular comunicado

Además, el familiar subraya que fue un veredicto emitido por ciudadanos «sin formación jurídica, sin capacidad técnica para valorar pruebas complejas» y, «lo que es aún más grave», a su juicio, «sin las garantías mínimas de aislamiento. No estaban incomunicados». «No estaban protegidos frente a influencias externas. Iban y venían a sus casas, eran plenamente abordables y potencialmente influenciables en un contexto social y mediático evidente. Ese no es un detalle menor. Es una quiebra frontal de las garantías del proceso», destaca.

Tras el veredicto, según explica Aníba Domínguez, recurrieron ante «todas las instancias posibles denunciando la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Todos ellos coincidieron en una misma limitación. No podían revisar la valoración de la prueba realizada por el jurado. Ni siquiera cuando el propio Ministerio Fiscal del Tribunal Supremo solicitó la repetición del juicio se corrigió la situación», continúa.

«Hoy, lo que entonces se nos negó, se produce en Huelva. Pero no porque el sistema funcione, sino porque el fallo del jurado ha sido tan evidente que no ha podido sostenerse. Esa es la diferencia. Sólo cuando el error es escandaloso se corrige; cuando no lo es de forma formal, queda blindado, aunque sus consecuencias sean devastadoras».

Por ello, el familiar asegura que lo ocurrido en Huelva confirma lo que llevan denunciando muchos años, que «el jurado popular carece de capacidad técnica para valorar pruebas en delitos complejos; que puede incurrir en contradicciones y bloqueos que paralizan la justicia; que sus decisiones pueden ser arbitrarias y carentes de motivación suficiente; que no existen mecanismos eficaces para revisar sus veredictos; y que su vulnerabilidad frente a influencias externas compromete gravemente la imparcialidad del proceso».

«No estamos ante un problema puntual. Estamos ante un fallo sistémico. La justicia no puede depender del azar, ni de percepciones subjetivas sin formación jurídica, ni de deliberaciones condicionadas por factores externos. La justicia exige rigor, conocimiento y garantías. Hoy afirmamos con absoluta rotundidad que el Estado y el sistema judicial mantienen una deuda moral irreparable con nuestra familia. Mantienen una mancha de sangre de más de 150 puñaladas que no pueden ni podrán borrar mientras decisiones de esta naturaleza sigan siendo posibles. La justicia, cuando falla de esta manera, deja de ser justicia», ha concluido.