El ‘caso ERE’ se amplía en Andalucía: prejubilaciones gratis a intrusos a costa del contribuyente

El chiringuito socialista que durante cuatro décadas hizo y deshizo a su antojo en Andalucía sigue dejando nuevas tropelías que con el paso de los años van saliendo a la luz. La última, que la Junta de Andalucía presidida por Manuel Chaves pagaba con dinero público las prejubilaciones de las empresa Acyco a personas que ni siquiera habían trabajado en ella.

Así lo ha testificado un agente de la Guardia Civil en el juicio relativo a las subvenciones autonómicas concedidas a Acyco, una pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) .

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha continuado este lunes dicho juicio, en el que se investiga ayudas directas, sin publicidad, irregulares e innecesarias a la empresa de Dos Hermanas (Sevilla) Aceitunas y Conservas (Acyco). Unas ayudas que corrían a cargo de la Junta de Andalucía y que pagaron la prejubilación de 35 empleados.

Servicios garantizados «a coste cero»

Durante la sesión ha testificado un jefe del Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que comandó la investigación desplegada en torno a las subvenciones autonómicas concedidas para el ERE promovido en 2003 por Acyco para prejubilar a 35 empleados, toda vez que durante la vista oral, acusados y testigos han reconocido que las prejubilaciones fueron ofertadas en condiciones bastante o muy «favorables».

Este investigador ha manifestado que durante las primeras pesquisas, la que fuera presidenta del consejo del consejo de administración de Acyco, Encarnación Poto, acusada en este juicio; y el abogado de la empresa y director de Recursos Humanos de la misma, Gabriel Barrero, también acusado, declararon a los agentes que el entonces abogado de la firma Garrigues José Miguel Caballero, igualmente acusado en este juicio; «contactó con ellos para ofrecer sus servicios» con relación al citado ERE y les «garantizó un coste cero» para Acyco.

Es decir que Poto y Barrero, así como la firma Garrigues al «intermediar en la financiación» según ha dicho, «eran conocedores» desde el comienzo de los contactos de que el coste íntegro de las prejubilaciones y los gastos adicionales asociados al ERE serían cargados a la Junta de Andalucía.

A continuación, ha rememorado que la propia Poto mencionó que antes de la formalización del ERE, cuya documentación carecería de solicitud oficial de ayuda y de resolución final de concesión oficial de la misma, fueron celebradas «reuniones previas» en las que participaron ella, el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, también acusado en el juicio y ya fallecido, y José Miguel Caballero.

En paralelo, ha señalado que la investigación documental reveló que la consultora Vitalia, contratada para los estudios actuariales de las prejubilaciones del ERE, tenía un «trato diferenciado» con los denominados «intrusos», es decir las personas beneficiarias de las prejubilaciones de los ERE sin haber trabajado nunca para las empresas promotoras de los mismos, figurando en el juicio como acusados el exconsultor de Vitalia en Sevilla Jesús Bordallo y el que fuera director de la entidad Antonio Albarracín.

Los «intrusos» del ERE de Acyco, recordémoslo, son Andrés Carrasco, acusado en este juicio y «amigo» declarado del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero; y el exalcalde socialista de San Nicolás del Puerto, Domingo Martínez, fallecido tiempo atrás.