Los 680 millones malversados por el PSOE-A van a ser pocos: otra empresa reconoce que la Junta socialista pagó su ERE

Los 680 millones de euros que, de momento, se ha confirmado que el PSOE Andaluz malversó estando al frente de la Junta de Andalucía pueden ser pocos si siguen saliendo personas que acusan a los socialistas de derrochar el dinero de todos los andaluces. En esta ocasión, ha sido el directivo de una empresa sevillana quien ha admitido que la Junta socialista sufragó en 2003 el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que hizo su compañía.

Ha sido el director de Recursos Humanos de la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco), Gabriel Barrero, quien ha declarado este lunes como acusado en el juicio que que se celebra en Sevilla sobre las subvenciones concedidas a dicha sociedad, una pieza separada más de la macro causa de los ERE. Barrero, de este modo, ha acusado a la Junta socialista de Andalucía de pagar en 2003 el ERE de Acyco con «condiciones muy favorables» para los empleados a prejubilar, quienes aceptaron «encantados» su salida de la entidad.

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha reanudado este lunes la vista después de que el juicio comenzase el pasado 9 de septiembre y de la resolución de las cuestiones previas planteadas por las partes. Respecto a tales cuestiones previas, recordemos que el tribunal ha denegado excluir del juicio a los ex altos cargos de la Junta de Andalucía afectados o juzgados en la causa judicial relativa al denominado como «procedimiento específico» mediante el cual eran financiadas las subvenciones para los ERE o para las empresas.

Aunque los citados acusados señalaban el supuesto afán «globalizador» de aquella causa juzgada por la Sección Primera de la Audiencia con la conocida sentencia condenatoria para 19 de los 21 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía sentados en el banquillo, entre ellos varios de los acusados en este otro procedimiento, la Sección Tercera ha resuelto que los hechos juzgados ahora «no han sido objeto de enjuiciamiento con anterioridad ni, en concreto, en el denominado procedimiento específico» juzgado por la Sección Primera.

Así, una vez tomado conocimiento del reciente fallecimiento de uno de los acusados, el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, víctima de una neumonía, la vista ha sido reanudada contra el resto de los acusados, como son el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo, Agustín Barberá; los exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; el ex director general del antiguo IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano; Encarnación Poto, presidenta del consejo de administración de Acyco; el director de Recursos Humanos de la empresa, Gabriel Barrero; el abogado José Miguel Caballero; los directivos de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo y Andrés Carrasco Muñoz, amigo de Guerrero y prejubilado con cargo al ERE promovido en esta empresa pese a no formar parte de su plantilla.

Primer acusado

Gabriel Barrero ha sido el único acusado que ha prestado declaración este lunes, optando por responder sólo a las preguntas de la Fiscalía y de su abogado defensor. El que fuera director de Recursos Humanos de Acyco ha explicado a preguntas del fiscal que en 2002 la empresa afrontaba una situación «no muy halagüeña» y, por aquel entonces, había contratado a la consultora Deloitte para esclarecer entre otros aspectos si era «necesario» promover un ERE en la plantilla, porque la misma estaba envejecida frente a unas instalaciones de perfil especialmente moderno y pesaba la «consciencia de que sobraba personal».

En ese contexto, según sus palabras, el abogado José Miguel Caballero, también acusado en la causa, le habría telefoneado en nombre de la firma Garrigues para plantearle directamente esa «posibilidad» de promover un ERE en Acyco, tras lo cual en febrero de 2003 se habría celebrado una reunión en la que Francisco Javier Guerrero, como director general de Trabajo de la Junta, habría mostrado a Encarnación Poto y a él mismo su «disposición a apoyar» a la empresa para el citado ERE.

No obstante, ha admitido que no le «consta» que Poto formalizase mediante documento oficial su solicitud de ayuda a la Consejería de Empleo.

Condiciones

En cualquier caso, ha precisado que a su entender, el ERE partía de la «premisa» de que la Junta de Andalucía costeaba las prejubilaciones de las 35 personas afectadas, en «condiciones muy, muy favorables». Tanto es así, según ha expuesto, que los 35 trabajadores aceptaron «encantados» su inclusión en el ERE, entre ellos Encarnación Poto, también acusada en esta causa por su papel como presidenta del consejo de Administración de Acyco.

Empero, Barrero ha alegado que él no tuvo «nada que ver» con el «plan social» diseñado para el ERE, de cuya elaboración se encargó la firma Garrigues, según ha asegurado, defendiendo en paralelo que «el único criterio» para la inclusión de empleados en el ERE era tener cumplidos los 52 años a la fecha de 31 de diciembre de 2003 y que Poto cumplía dicha condición.

Además, Gabriel Barrera ha alegado que él sólo tuvo un papel «testimonial» en el protocolo firmado posteriormente entre Encarnación Poto y el recientemente fallecido Francisco Javier Guerrero sobre las pólizas de las prejubilaciones del ERE. Según ha dicho, sólo acompañó a Poto a la firma del documento a la sede de la Consejería de Empleo y horas después, al leer al detalle el documento del protocolo, se percató de que en el mismo figuraban como beneficiarias de las prejubilaciones dos personas ajenas a Acyco y no estaba incluida Poto pese a haber sido prejubilada.

Según ha dicho, él mismo alertó personalmente a la firma Garrigues de dicha «incidencia» y desde el citado despacho le habrían respondido después que el asunto había sido elevado a la compañía Vitalia, encargada de los cálculos correspondientes a las prejubilaciones, porque se trataría de un «error material».

Liquidez

Con relación al citado despacho, ha explicado que tiempo después, la firma Garrigues reclamó a Acyco dinero por su trabajo en el ERE de 2003 y la empresa derivó tales reclamaciones a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, de nuevo bajo la «premisa» de que la Junta pagaba «todo» el ERE, incluyendo los servicios prestados por Garrigues. No obstante, ha narrado cómo en 2009, Acyco «aprovechó la liquidez» que suponía el ingreso del 75% de una ayuda autonómica para el «pago parcial» de la cuantía que reclamaba Garrigues, si bien ha negado que dicha subvención destinada a contrataciones de personal cualificado fuese solicitada en realidad para afrontar el dinero solicitado por Garrigues.

Simplemente, según ha asegurado, fue «aprovechada una oportunidad para ir solucionando» aquella cuestión, desligándose él de la «decisión» de aquel pago y de la materialización del mismo.

Ha testificado además un abogado que prestó servicios para el entonces Grupo SOS, actualmente Deoleo, a cuenta de la adquisición de Acyco por parte de dicho grupo empresarial. Este letrado ha manifestado que Encarnación Poto era «una persona con alto grado de relaciones sociales, políticas y sindicales», pero ha negado que SOS la mantuviese en el consejo de administración de Acyco por tal extremo y ha esgrimido que la misma fue posteriormente destituida como consecuencia de las pérdidas que afrontaba la entidad.

La sesión del juicio ha sido suspendida antes de lo previsto, al tomar conocimiento el tribunal de que una hija del abogado defensor de Antonio Albarracín ha arrojado un resultado positivo en una prueba de coronavirus Covid-19, lo que ha obligado a dicho letrado a ausentarse.

Además, aunque para este martes está prevista la comparecencia del exconsejero Antonio Fernández, ha trascendido que el mismo ha decidido acogerse a su derecho a no prestar declaración.