Andalucía no se rinde: vuelve a salir a la calle para protestar contra la ‘Ley Celaá’

La educación concertada y privada volverá a manifestarse este domingo a lo largo y ancho de Andalucía en protesta por el proyecto de ley orgánica educativa impulsado por el Gobierno de Sánchez, que consideran «sectaria y excluyente».

La polémica Lomloe (Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica de Educación), más conocida como ‘Ley Celaá’, pretende, entre otras cosas, eliminar el castellano como lengua vehicular, suprimir los colegios de educación especial, eliminar la concertada como garante del derecho a la educación o que los alumnos puedan pasar de curso sin límite de suspensos.

El dictamen superó este viernes todos los trámites del Senado con los votos a favor de PSOE, ERC, PNV e Izquierda Confederal y todo apunta a que el miércoles será ya ley orgánica. Por ello, los andaluces volverán a movilizarse para intentar frenar lo que consideran «un ataque sin precedentes al derecho de padres y tutores a elegir la educación de sus hijos».

«Amplio rechazo social» a la reforma

Escuelas Católicas, CECE, FSIE, Feuso, Concapa y Fapyma, organizaciones andaluzas integradas a nivel nacional en ‘Más Plurales’, han organizado este domingo, 20 de diciembre, una nueva acción de protesta contra la ‘Ley Celaá’. En esta ocasión, entre las 11.00 y las 13:00 horas, en todas las capitales de Andalucía -a excepción de Cádiz, cuya provincia lo organizará en Jerez de la Frontera-, tendrá lugar una manifestación con vehículos adornados con motivos naranjas que recorrerán un itinerario aprobado por las autoridades competentes.

Las organizaciones indican en un comunicado que tras el «éxito» de la manifestación organizada en toda Andalucía el pasado 22 de noviembre, con más de 20.000 participantes, quiere invitar a toda la comunidad educativa de los centros -familias, equipos directivos, profesores, PAS y alumnos- a trasladar a la opinión pública y a los grupos políticos «el amplio rechazo social» que causa esta reforma y protestar ante el avance de la ley y la posibilidad de que la próxima semana pueda ser aprobada en el Senado.

«Con esta manifestación se pide a los partidos políticos que digan ‘no’ a esta Ley en la Cámara Baja para abrir un debate educativo profundo y serio», añaden, toda vez que señalan que patronales, sindicatos y confederaciones de padres de la concertada «coinciden en rechazar» la Lomloe, «tanto por el momento, como por la forma y, sobre todo, por el contenido».

«Por el momento, porque su tramitación se produce en plena pandemia, entre estados de alarmas, en una situación crítica en lo sanitario y por ende en lo económico. Por la forma, porque esta norma aleja definitivamente la legislación educativa de cualquier posibilidad de consenso y pacto con los actores implicados, a los que ni siquiera se ha llamado para negociar el documento: no es que haya buscado el consenso, es que por primera vez en la historia de la democracia ni siquiera se ha pretendido el diálogo. Pero sobre todo es una ley nefasta por su fondo sectario y excluyente y por su lista de agravios contra la libertad de enseñanza», aseguran.

«Propia de regímenes totalitarios»

Así, según los representantes de la concertada y privada, que este miércoles presentaron en la Delegación del Gobierno de Andalucía un escrito formal con las enmiendas que desde la Plataforma ‘Más Plurales’ Andalucía se proponen para modificar aquellos aspectos más negativos del texto actual, la Lomloe «supone un ataque sin precedentes al derecho de padres y tutores a elegir la educación que quieren para sus hijos, derecho avalado por la propia Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas».

Añaden que «al eliminar la demanda social, como aspecto a tener en cuenta en la programación de puestos escolares, concede al Estado un poder absoluto y absolutista para realizar una planificación unilateral de los centros, más propia de regímenes totalitarios que democráticos», y aseguran que para hacerlo, «se inventa un derecho a la educación pública completamente inexistente en la jurisprudencia y doctrina constitucional española y europea, y en la práctica opuesto al derecho universal a la educación, que sólo puede garantizarse con la complementariedad de la oferta entre colegios públicos, concertados y privados».

Dichas organizaciones manifiestan igualmente que en la misma dirección, la Lomloe, en «contra» de las recomendaciones de todos los organismos e instituciones educativas internacionales, lesiona aún más la autonomía de los centros, atacando de forma específica la de los centros concertados, a los que les impone un comisario político con el objetivo poco simulado de poner frenos para el desarrollo de su ideario, cuando ésa es contrariamente la razón de ser de estos centros y de su financiación con fondos públicos».

Asimismo, «posterga, aún más, la asignatura de religión, sin alternativas y sin efectos en la evaluación, y resucita la polémica Educación para la Ciudadanía a través de una nueva asignatura en valores cívicos y éticos que tiene el riesgo de utilizarse como herramienta de adoctrinamiento en la imposición de valores no consensuados ni elegidos por los padres», lamentan.

Por otra parte, apuntan que la Lomloe «no sólo no avanza en la homologación de los profesores de la enseñanza concertada con los de la pública, sino que amenaza la estabilidad de los puestos de trabajo de los profesionales del sector y el futuro tanto de la educación diferenciada, a la que se la aboca a no financiarse con fondos públicos y a su desaparición como opción pedagógica, como de los centros específicos de educación especial, en contra de la opinión de los profesionales y las familias», y agregan que «insiste en los derechos de la infancia, que nadie cuestiona, pero vira a establecer como garantes a los poderes públicos, y no a los padres, o incluso a los poderes públicos frente a los padres».

Finalmente, según la educación concertada y privada andaluza «arroga» a la Administración «la distribución unilateral del alumnado con desventaja social, educativa o económica, lo que, lejos de evitar la segregación educativa, tiene la consecuencia práctica de impedir la libertad de elección de las familias de esos menores», cuando precisamente estos alumnos «son los que deberían tener una mayor puntuación para poder elegir preferentemente el centro que consideraran mejor», concluyen.