Aída Nízar denuncia nuevas «irregularidades» en su urbanización: «Está secuestrada por gentuza»

La televisiva Aída Nízar ha vuelto a la carga contra el presidente de su comunidad de vecinos, la urbanización Cabopino de Marbella (Málaga), y el sinfín de «irregularidades» contables en su gestión. Tras casi dos años de denuncias y protestas, el Juzgado de Instrucción nº4 de la localidad investiga a Gianni Fienno, presidente de Cabopino, y a su administradora, Michelle van Gaalen (Servicios Alcántara), por presuntos delitos contra el patrimonio, y mantiene diligencias abiertas por presunta falsedad documental y contable.

«En Cabopino se ha nombrado a un asistente personal, una persona afiliada al PP, que debe favores y que necesitaba cumplir una serie de meses para tener su jubilación. Y la ha metido ahí el señor Ángel Nozal (ex alcalde de Mijas por el PP, administrador de la empresa Servicios Alcántara e investigado en el caso Cartero junto a su pareja, Van Gaalen), que ha tenido que presentar la carta de dimisión y renunciar a su puesto en el PP, porque no le pueden echar hasta que no haya una sentencia firme», explica Nízar a OKDIARIO Andalucía.

Nozal, que se ha visto obligado a dejar la política, declaró el pasado junio como investigado tras la denuncia de Nízar y un nutrido grupo de propietarios que acusaban al ex alcalde mijeño de firmar un contrato para la instalación, sin potestad para ello, de un cajero automático en la urbanización. Nozal alegó en el juicio que la firma que aparece en el contrato no es la suya, aunque el documento sí está a su nombre.

«Esta gente actúa impunemente ante el vacío legal que les permite la Ley de Propiedad Horizontal, que tan sólo tiene 25 artículos y está obsoleta. Queremos terminar con toda esta corrupción. Hemos descubierto administradores que permiten que su presidente cobre 90.000 euros de sueldo (en alusión a Stephen Hills, presidente de una comunidad de propietarios de Estepona), que se nombren asistentes personales, que no paguen la comunidad. Hemos descubierto que se han apropiado de zonas comunes en su beneficio y se las alquilan a un tercero para lucrarse con ellas», insiste Nízar.

Ahora, la nueva demanda señala que la constructora de la urbanización, propietaria de varios inmuebles en la comunidad, no paga el IBI, sino que lo hace la comunidad de vecinos. Es uno de los problemas a los que se enfrentan cientos de propietarios en España, en su mayoría extranjeros residentes en el litoral y las islas, que desconocen el funcionamiento de una comunidad de propietarios, así como sus derechos y obligaciones, porque en sus países de origen la legislación es bien distinta. Pero las denuncias de la empresaria y ex concursante de Gran Hermano han animado a hacer lo propio a otros propietarios de urbanizaciones del entorno como Mijas, Estepona o Benalmádena.

«Mi firme objetivo es remover conciencias, porque todos los lectores son comuneros. A todos los que tengan una propiedad, o incluso la alquilen, les están afectando las irregularidades que cometen administradores y presidentes, porque actúan en connivencia. Es decir, el presidente recibe unos favores o un trato de favor por parte del administrador para que esté calladito y él obra con sus intereses, inflando facturas y contratando amiguitos que les ponen el precio que ellos quieren. Y de ahí se llevan el dinero», advierte Nízar.

«No hay derecho a que utilicen la confianza y el buen hacer de los comuneros para atracarles, porque tenemos nuestras comunidades secuestradas en manos de gentuza que se está lucrando de esta confianza, y en Cabopino vamos a lograr terminar con ellos, como estamos lográndolo en tantas comunidades», sentencia.