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La plataforma socialista que critica la eliminación del castellano como lengua vehicular suma 22.000 apoyos

La eliminación del castellano como lengua vehicular es una cesión al separatismo catalán

La plataforma que defiende el mantenimiento del castellano como lengua vehicular suma ya 22.000 apoyos socialistas. La recogida de firmas impulsada inicialmente por los socialistas Antonio Miguel Carmona y Zenón Jiménez Ridruejo nació el pasado viernes para combatir el deseo de Pedro Sanchez e Isabel Celaá de acabar con el carácter troncal del español en la educación de los niños de toda España.

La eliminación del castellano como lengua vehicular es una cesión al separatismo y, más en concreto, a ERC como pago a cambio del apoyo a los Presupuestos del Gobierno socialcomunista. Pero esa cesión no ha gastado al socialismo clásico: el número de apoyos que defiende el mantenimiento de la troncalidad del español suma ya 22.000 firmas de socialistas.
La plataforma nació por el impulso de Antonio Miguel Carmona y el histórico dirigente del partido, Zenón Jiménez Ridruejo.

Se encuentra ubicada en la página web Change.org. Y cuenta ya con el respaldo de muy destacados socialistas como dos expresidentes del Senado -Juan José Laborda y Javier Rojo-; el ex secretario general de la Seguridad Social, Adolfo Jiménez; el exsecretario general de la UGT, Cándido Méndez; la decana feminista Lidia Falcón; Luis de Velasco; Julio Rodríguez; exministros como César Antonio Molina o José Barrionuevo; el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra; Jorge Tinas; el economista José Carlos Díez; Rafael Delgado; Manuel García-Hierro; Álvaro Frutos; y un largo etcétera.

El documento se presenta una clara intención: «Apoya el manifiesto sobre el carácter vehicular del idioma español».  Y señala que «el español es el idioma de todos y cada uno de los españoles, la base de nuestra cultura, diversa y plural, la principal garantía de la unidad cuya capacidad vehicular nos enriquece. El acervo literario y lingüístico pertenece a todos los españoles, sin excepción. Y a 600 millones de hispanoparlantes cuyas raíces comparten el orgullo de hablar y escribir la lengua de Cervantes».

El manifiesto destaca que «por eso el artículo 3 de la Constitución española establece que el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección».

El documento que sirve como base de esta plataforma destaca que en el debate parlamentario sobre el contenido de la nueva ley de educación (LOMLOE), el Grupo Parlamentario Socialista, junto a otros grupos, han propuesto y aprobado una enmienda en la que se suprime del texto que «el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares».

Y lo critica sin matices: «Hacer país es sumar, nunca restar. Defender lo que nos une. En la historia y en el porvenir». «Para mayor abundamiento, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional deja clara la interpretación de la Constitución que establece que cualquier lengua cooficial de una comunidad autónoma puede ser vehicular ‘…pero eso no puede suponer que el castellano deje de serlo porque todos los españoles tienen derecho a conocerla y utilizarla. Al hablante no se le puede imponer la obligación de conocer una lengua que no tiene obligación de conocer’», añade el documento.

El manifiesto recuerda que «corresponde al Estado velar por el respeto de los derechos lingüísticos en el sistema educativo y, en particular, el de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado». Y señala que «tristemente de facto el castellano ya no es lengua vehicular en la enseñanza en algunas comunidades autónomas. La enmienda consagra un error histórico. 
Cabe en este contexto especular sobre las circunstancias y las razones que han llevado al Gobierno de la Nación a modificar el texto mediante una enmienda acordada entre los grupos políticos PSOE, Podemos, ERC y Bildu».

El documento subraya que «los independentistas han declarado: ‘No nos oponemos a que se estudie el español como lengua, como lo puede ser el inglés o el francés, pero en ningún caso vehicular’».

Sin duda, las exigencias de la aprobación del proyecto de Presupuestos, presentado días pasados, han debido ser relevantes a la hora de tomar dicha decisión. Si tal es el caso, el derecho y el deber de conocer y utilizar en el sistema educativo el idioma español no debería ser objeto del debate de Presupuestos dado que pertenece a un ámbito superior, el de los derechos básicos de los ciudadanos y el de la responsabilidad de las instituciones esenciales del Estado.

La enmienda supone una modificación sustancial de la posición del Partido Socialista Obrero Español sobre un tema central en el contenido de los acuerdos adoptados en el Pacto Constitucional.

Por todo ello, «los abajo firmantes reclamamos que se respete la evidente naturaleza vehicular del idioma castellano en el contexto de la actividad educativa en todo el territorio español, sin perjuicio del desarrollo y la normalización del resto de las lenguas cooficiales reconocidos y garantizados por nuestra Constitución», concluye.