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La Fundación Franco anuncia una batalla legal “hasta el final” para defenderse del ataque de Sánchez

La Fundación Francisco Franco no va a detenerse frente a las amenazas del Gobierno de Sánchez. Frente a las palabras de uno de los máximos responsables del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que acaba de anunciar el deseo de ilegalizar a la Fundación Francisco Franco, ésta recuerda que su organización “se ajusta escrupulosamente, tanto en sus fines, como en su funcionamiento, a lo dispuesto en la legalidad vigente, constituida básicamente por la Ley 50/2002 de Fundaciones y en la legislación de desarrollo”. Y, por ello, la Fundación está dispuesta a llegar “hasta el final” en una batalla legal si efectivamente el Gobierno se atreve a ir a por ellos.

Ábalos ha asegurado que la Fundación Francisco Franco «es una fundación de exaltación de la dictadura y que va en contra de los valores democráticos”. Y la Fundación contesta que “nuestros fines fundacionales –que es lo que verdaderamente preocupa y molesta a la extrema izquierda- tienen un indudable carácter general como puede verse a través de su redacción, que conoce bien el Gobierno».

En esa redacción se destacan como fines de la Fundación los siguientes: A) Difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco Bahamonde, en su dimensión humana, militar y política, así como sobre las realizaciones de los años de su mandato como Jefe del Estado Español, Capitán General y Generalísimo de los Ejércitos. B) Difundir y promover el estudio y conocimiento del Estado que rigió los destinos de España entre los años 1936 y 1977. C)  El fomento y desarrollo de la educación, la investigación científica y técnica y de cualesquiera otras actividades culturales. D)  La defensa de los fines anteriores tanto ante los medios de comunicación como ante las diversas administraciones públicas o instando la tutela efectiva ante la jurisdicción correspondiente.

Interés general

La Fundación añade que «no parece que nadie, en su sano juicio, pueda cuestionar el interés general de la difusión y promoción del estudio y conocimiento de un personaje histórico de la dimensión de Francisco Franco Bahamonde» y aclara que «si se llegase a cuestionar –la capacidad de asombro en este país ya es infinita-, resulta indudable que ello afectaría directamente a la legalidad de Fundaciones de la órbita del Partido Socialista como las Fundaciones Pablo Iglesias y Largo Caballero, Fundación Alfonso Perales, Fundación Gabriel Alomar, Fundación José Barreiro, Fundación Matilde de la Torre, personajes todos estos de mucho menos relieve que Francisco Franco y desconocidos en su mayoría para todos los que no formen parte del Patronato de las mismas».

«Y qué decir de las Fundaciones de la órbita de Izquierda Unida como la Fundación Catorce de Abril, Fundación Zabaldiak, Fundación Idi Ezquerra, Fundación de Investigaciones Marxistas, Fundación Rey Corral y Fundación Horacio Fernández Iguanzo».

La Fundación Franco adelanta parte de lo que sería su defensa en caso de intento de ilegalización. Porque, tal y como revelan los datos en su poder, cualquier de esas entidades de izquierdas podría ser igualmente desmontable a partir de una denuncia: «A diferencia de esta Fundación [la que lleva el nombre del dictador] -que tan sólo recibió una subvención reglada de 150.000 euros para digitalizar la totalidad de su archivo en los años 2000 al 2003-, la inmensa mayoría de las Fundaciones citadas reciben anualmente cuantiosas subvenciones del erario público, sin ir más lejos, la Fundación Largo Caballero, vinculada al sindicato UGT, ha recibido más de 500.000 € en subvenciones durante los últimos años, la Fundación del PSOE Pablo Iglesias, sólo en el año 2018 la cantidad de 235.710 euros, y la fundación ‘Instituto 25M para la Democracia’ vinculada a Podemos, 102.960 euros, en este año».

«Grosera discriminación»

La Fundación califica de «grosera discriminación» la «constante financiación pública de Fundaciones de corte marxista e incluso bolivariano y el veto de Fundaciones como la nuestra» y lanza su advertencia: «No existe en el ordenamiento jurídico español ni un solo precepto que permita instar la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, razón por la cual hasta ahora no se ha atrevido el Gobierno a iniciar una acción semejante que incurriría de lleno en el tipo de la prevaricación».

Por ello, avanza que «se engañan quienes se creen que nos vamos a arrugar. Los hombres y mujeres que defendemos el baluarte de la verdad desde esta modesta Fundación somos inasequibles al desaliento y estamos acostumbrados a enfrentarnos con el miedo, con la indiferencia y con la más abierta hostilidad. Sabemos que nos enfrentamos a enemigos poderosos, pero frente a quienes no creen en el Estado de derecho y están dispuestos a pisotear cobardemente la libertad de expresión, la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento, de asociación y los demás derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución Española, sepan los españoles que nosotros reafirmamos nuestra confianza en la justicia y en el orden constitucional y anunciamos desde ahora mismo, que llevaremos hasta el final la defensa de esta casa, humilde y precaria, pero que cuenta con dos pilares indestructibles: la fe en Dios y el amor apasionado a España». Una defensa legal «hasta el final».