El hombre que ayudó a su mujer a morir pide que nadie haga lo que él hizo

Ángel Hernández se ha pronunciado así durante un coloquio sobre eutanasia moderado por el periodista Jordi Évole y en el que también han estado presentes el presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente, Fernando Marín; el primer médico condenado por eutanasia en España, Marcos Hourmann; y el David Lorente, hijo de una mujer fallecida por Alzheimer que dejó escritas en sus últimas voluntades que se le aplicase la eutanasia cuando fuera legal y cuando ya no reconociese ni a su marido ni a sus hijos.

Allí, Hernández ha narrado el proceso que atravesó junto a su mujer María José Carrasco antes de suministrarle pentobarbital sódico para poder fallecer, ironizando con el hecho de que el día en el que iban a realizar el acto, por el que fue detenido y que actualmente está en proceso judicial, tuvieron que retrasarlo una hora debido al ruido de las obras que había en la calle y que se colaban en la grabación que iban a realizar.

Ahora bien, tras insistir en que él no mató a su mujer, sino que le ayudó a morir como ella misma le había pedido en reiteradas ocasiones, petición que incluso grabó en vídeo, Hernández ha pedido a todos los familiares y personas cercanas a un pacientesque quiera fallecer que no hagan lo que él hizo, que no les ayuden, pero que sí les acompañen en todo el proceso, «abrazándoles, dándoles besos y sin soltarles de la mano».

«Yo ya lo he hecho, pero que nadie más lo haga», ha dicho, para lamentar haber pasado el duelo del fallecimiento de su mujer en el calabozo, una experiencia «terrible» después de «todo lo que había pasado», si bien ha aseverado que sabía a lo que se enfrentaba cuando decidió ayudar a su mujer a acabar con su vida.

Por todo ello, Hernández ha solicitado la movilización de toda la sociedad para lograr la aprobación de la ley de eutanasia, avisando de que sólo así se podrá lograr que nadie pase por la situación por la que está atravesando, ni por el sufrimiento que tenía su mujer desde hacía tantos años. «Su cuerpo la estaba torturando y durante 20 años estuvo viviendo con mi cuerpo», ha añadido, tras mostrar el miedo que pasó en el momento en el que le suministró el medicamento.

«Es hora de decir basta»

El miedo es también al que ha aludido Horumann, quien ha recordado que le condenaron a 10 años de prisión, aunque finalmente no ingresó, por haber practicado la eutanasia a una paciente terminal de 82 años que le pidió que le ayudase a morir. «Ese miedo es absurdo y ridículo y es hora de que digamos ‘basta’ a esconderse para ayudar a morir a la gente a la que se ama», ha dicho.

Precisamente, por las consecuencias penales que tiene practicar la eutanasia, Lorente, junto a su familia, no pudieron ayudar a su madre a morir aunque sí se lo plantearon en varias ocasiones. «Nosotros nos planteamos hacer lo mismo que ha hecho Hernández, peor mi madre no quería porque nos poníamos en peligro, por lo que decidimos respetar su voluntad», ha dicho.

No obstante, Lorente ha comentado que, si bien las leyes están para respetarlas, cuando éstas no respetan los derechos humanos de las personas, las libertades individuales y son un «crimen para la humanidad», la «desobediencia civil queda legitimada». «La sociedad está preparada para que haya una ley de eutanasia, pero ahora hace falta que la clase política y la Iglesia esté a su altura», ha sentenciado.

Actualmente, tal y como ha explicado el presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente una persona que quiere acabar con su vida tiene la opción de «bajar a la ferretería y comprarse una soga» o, entre otras muchas medidas, recurrir al mercado negro a comprar un medicamento que les provoque la muerte. Una situación que podría terminar si se regulase adecuadamente una ley como ya lo han hecho en otros países como los Países Bajos o Canadá.

«Parece que la muerte de María José sea una invitación para que otros pacientes en su situación mueran, pero no, es un derecho individual», ha recalcado Marín. Por todo ello, los participantes de la jornada han insistido en la necesidad de que en la próxima legislatura se apruebe la ley y de que la población se movilice para que el caso de Carrasco no quede en nada, como así ocurrió con Ramón Sampredo.