Andalucía aprueba con gran consenso la vigencia de las concesiones de los puertos deportivos

La vigencia contractual de las concesiones de los puertos deportivos andaluces ha sido aprobada por el Parlamento autonómico con una mayoría de más del 80%.

El PSOE, contando con el consenso de Ciudadanos y Partido Popular, se ha alineado con los criterios de seguridad jurídica, así lo destacan los sectores afectados, para evitar posibles reclamaciones, así como con los de la realidad socio-económica del negocio del turismo náutico, que está valorado en 400 millones de euros y da empleo directo a más de 2.500 personas e indirecto a unos 14.000 trabajadores.

El Parlamento Andaluz ha blindado sus competencias autonómicas, en aplicación de  la propia Ley de Costas, que especifica que “quedan fuera del ámbito de aplicación de la Ley los puertos de interés general, que, aun formando parte de los bienes de dominio público marítimo-terrestre de titularidad estatal, continuarán rigiéndose por su legislación específica, en atención a las sustantividad y peculiaridades de estas grandes obras públicas. Tampoco se regulan, por no ser competencia del Estado, los puertos de titularidad de las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos” y también afirma su reglamento “Los puertos e instalaciones portuarias de competencia de las comunidades autónomas se regularán por su legislación específica”.

De esta forma queda protegida la seguridad juídica de los puertos deportivos que fueron desarrollados a finales de la década de los 70 y principios de los 80 con un régimen concesional de 75 años, el cual no requiere prórrogas sino mantener la vigencia de sus contratos originales.

Andalucía cuenta con 56 puertos deportivos, siendo la tercera comunidad autónoma en España en este tipo de instalaciones. La Administración pública gestiona el 35% de esos puertos, mientras que el 46% es gestionado por concesionarias. El 19% está dentro de puertos de interés general y son gestionados por las autoridades portuarias conrrespondientes.

Comunidades como Cataluña, Baleares y Canarias ya habían actuado de forma similar hace años, quedando así protegidas ante modificaciones e interpretaciones dispares de la Ley de Costas nacional.